El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, confirmó la cuarta Marcha Federal Universitaria para el próximo martes 12 en Plaza de Mayo, en rechazo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno.
Rectores y rectoras nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, encabezaron una conferencia de prensa en la sede central de la entidad para ratificar la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12, desde las 17, en Plaza de Mayo. La movilización se realiza en rechazo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno.
Durante el encuentro, se destacaron los fallos judiciales favorables al sector universitario y se advirtió que las casas de estudios superiores en la Argentina atraviesan el momento de menor financiamiento de su historia. “Estamos en el punto histórico más bajo, que es 0,4% del PBI. Aun aplicando la ley de financiamiento universitario, seguiríamos estando en el punto histórico más bajo”, sostuvo el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci.
En relación a la decisión del Ejecutivo de no acatar la postura del Congreso, donde el veto a la norma fue rechazado con amplia mayoría por las dos cámaras, Bartolacci manifestó que el oficialismo “sigue sin dar respuestas” pese a los avances en la Justicia. “Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso de la Nación, si no vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, insistió.
El conflicto judicial se inició en octubre de 2025, cuando el CIN y rectores nacionales presentaron un amparo contra el Estado nacional por el decreto que suspendía la aplicación de la ley. En diciembre, el juez federal Martín Cormick otorgó una medida cautelar de urgencia solicitada por la comunidad universitaria, ordenando reconocer las actualizaciones salariales y de becas previstas en la norma. El Gobierno apeló la cautelar, pero a finales de marzo de 2026 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia.
El Ejecutivo llevó el caso a la Corte Suprema, donde solicitó la intervención de los miembros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes son docentes universitarios en funciones o licencia. “Cuando el Ejecutivo decidió nuevamente no cumplir con la ley, hicimos lo que correspondía, fuimos a la Justicia y hoy tenemos fallos que ordenan ese cumplimiento por parte del Ejecutivo y aun así no tenemos respuesta”, explicó Bartolacci.
El titular del CIN pidió plasmar ese rechazo en las calles: “Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto”. Además, advirtió que desde 2023 hasta la actualidad las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%, lo que afecta el funcionamiento de las universidades nacionales. El foco “más urgente y dramático” es el deterioro salarial del personal docente y no docente, junto con la falta de actualización de los programas de asistencia estudiantil.
Bartolacci afirmó que las universidades agotaron las instancias institucionales y comparó la inversión nacional con la de los países desarrollados: “Destinan más del 2% de su PBI al sistema científico y universitario. No lo hacen porque sean más generosos, sino porque son más inteligentes y saben que la sociedad del conocimiento es estratégica para poder crecer. Nosotros, en cambio, estamos en el punto histórico más bajo”.