La notificación a un padre del pago de casi seis millones de pesos por los gastos que ocasionó la amenaza escolar que generó su hijo en una escuela pública de Santa Fe reabre el debate sobre la efectividad de las sanciones económicas para prevenir estas intimidaciones.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe entregó la primera multa oficial para recuperar los costos de un operativo por intimidación pública. La notificación fue recibida por los padres de un menor identificado como autor de una de las recientes amenazas a escuelas. El monto total que la familia deberá abonar asciende a $6.024.944, en calidad de responsables solidarios por los actos del estudiante.
La iniciativa está respaldada por una resolución provincial que fija el recupero de los costos de los operativos a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos. Los padres y tutores legales son, ante la ley, los responsables civiles directos por los daños ocasionados por los menores. Se espera que este primer caso sirva como antecedente para el resto de los expedientes que aún están en proceso de investigación.
Especialistas consultados por PERFIL analizaron la medida. Alejandra Doretti, psicóloga y psiquiatra especializada en adolescentes, señaló: “No sé si esa iniciativa funciona realmente. Creo que hay que impulsar a los padres que hablen con los chicos, que hay cosas que éticamente no se deben hacer. Explicar bien que una cosa es hacer una travesura y otra es afectar a toda una población”.
Por su parte, Santiago Resett, psicólogo e investigador del Conicet y la Universidad Austral, afirmó que “sin educación preventiva la sanción es insuficiente”. Cuestionó la eficacia real de las multas millonarias y comparó la situación con los protocolos de seguridad en Estados Unidos: “Diversos estudios demuestran que no logran prevenir las conductas violentas. El enfoque debería centrarse en una sólida educación sobre el uso seguro de las redes sociales”.
Resett consideró que la cifra de seis millones de pesos es una “locura” que no garantiza una solución definitiva y sostuvo que “si no hay una capacitación conjunta entre padres, docentes y alumnos, la sanción es solo un paliativo”. Para el experto, “la medida punitiva no debe ser la única herramienta del Estado para gestionar estos conflictos”.