El Ejecutivo inició el trámite para que Leopoldo Rago Gallo y Víctor Arturo Pesino, este último integrante de la Sala VIII que ratificó la reforma laboral, sigan en sus cargos más allá de la edad límite.
El Gobierno nacional puso en marcha este viernes el procedimiento para renovar el acuerdo del Senado y permitir que dos magistrados continúen en sus funciones luego de cumplir los 75 años. Se trata de Leopoldo Rago Gallo, titular del juzgado federal 2 de San Juan, y Víctor Arturo Pesino, juez de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Pesino fue uno de los firmantes de la sentencia que el jueves pasado dejó sin efecto la medida cautelar del juez Raúl Ojeda, que había frenado más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Ejecutivo. La decisión de la Sala VIII rehabilita la aplicación inmediata de la reforma, lo que generó el rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
En un comunicado, la central obrera calificó el fallo como «impropiamente contrario a los trabajadores» y adelantó que apelará la decisión. Además, dejó abierta la posibilidad de denunciar a los jueces ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. La CGT convocó a una marcha para el próximo jueves 30 de abril, en la víspera del Día del Trabajador.
El pedido de continuidad de Pesino y Rago Gallo fue publicado en el Boletín Oficial. Durante cinco días hábiles, quienes deseen presentar adhesiones o impugnaciones podrán hacerlo por escrito, de manera fundada y documentada. El trámite sigue el mismo mecanismo que utilizó el camarista de Casación Carlos Mahiques, cuyo pliego avanzó en el Senado el 16 de abril.
El juez de la Cámara Federal Martín Irurzun también solicitó su continuidad tras los 75 años, aunque su pliego aún no fue enviado al Senado. Paralelamente, el Gobierno presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para revertir el fallo que había frenado la reforma laboral, pero el Máximo Tribunal aún no se expidió.