La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos defensivos y confirmó el decomiso de 111 propiedades vinculadas a la ex presidenta, sus hijos y el empresario Lázaro Báez, en el marco de la Causa Vialidad. El objetivo es resarcir al Estado nacional por el fraude en obra pública estimado en $685.000 millones.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022 y ordenó ejecutar el decomiso de 111 propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y al empresario Lázaro Báez. La medida busca resarcir al Estado nacional por el fraude en la obra pública de Santa Cruz, estimado en $685.000 millones.
El fallo detalla que 84 propiedades están a nombre de Báez, 19 fueron transferidas a Máximo y Florencia Kirchner —incluido el complejo Hotel Los Sauces—, siete pertenecen a las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto, y una es de la ex presidenta: un terreno en El Calafate de más de 6.000 metros cuadrados adquirido en 2007.
Los abogados de la ex mandataria intentaron frenar la medida argumentando que varios bienes de los hijos fueron heredados de Néstor Kirchner o cedidos antes de la investigación. La defensa de Báez exigió pruebas sobre el vínculo exacto entre las propiedades y el dinero del delito. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos y consideró que exigir una reconstrucción contable perfecta resultaría irracional y vaciaría de contenido la pena.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña conformaron el voto mayoritario, explicando que en casos de criminalidad económica organizada alcanza con probar una coincidencia temporal y económica razonable. El magistrado Mariano Borinsky votó en disidencia parcial, proponiendo anular el decomiso sobre los 19 bienes heredados por los hijos, pero su postura no prosperó.
Esta decisión cierra el último capítulo patrimonial del expediente, luego de que la Corte Suprema confirmara las sentencias en junio del año pasado. El plazo legal para que los condenados respondieran venció en agosto de 2025, pero la ejecución quedó en suspenso por las apelaciones. Con esta firma, Casación despejó el camino para recuperar los activos.
En sus fundamentos, la Cámara destacó que la medida busca neutralizar los beneficios económicos generados a través de la corrupción. Los jueces señalaron que el dinero robado al Estado se transformó y mezcló con activos lícitos, por lo que resulta materialmente imposible trazar una línea directa hacia cada propiedad. Ahora, los 111 inmuebles quedarán bajo custodia y administración de la Corte Suprema de Justicia.
La Justicia podría avanzar contra el patrimonio de otros condenados —como el exsecretario de Obras Públicas José López y los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich— si estos bienes resultaran insuficientes para cubrir el monto total.
Actualmente, Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua bajo arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución. La Causa Vialidad constató un esquema de corrupción con contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes.
Los bienes decomisados incluyen propiedades en Río Gallegos y El Calafate, como diez unidades en la calle Mitre al 500, una vivienda en la calle 25 de Mayo al 200, otra en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, y parcelas en el Departamento III Lago Argentino compradas entre 2007 y 2008.