La inflación acumula diez meses al alza, con un 3,4% en marzo, generando preocupación en el equipo económico y desafiando las proyecciones oficiales. Desde el Gobierno evalúan medidas para contener el impacto social y político.
La persistente suba de los precios, que alcanzó un 3,4% en marzo según el INDEC y acumula diez meses consecutivos de incrementos, se ha convertido en el principal desafío económico para la administración de Javier Milei. Este escenario, que contrasta con las proyecciones oficiales iniciales, genera tensiones internas y replanteos sobre las estrategias a seguir.
Los datos económicos muestran un deterioro del poder adquisitivo. En febrero, los salarios registraron un aumento del 1,8%, por debajo de la inflación del 2,9% de ese mes, marcando así seis meses consecutivos de caída real. Este contexto comienza a reflejarse en un creciente malestar social, según advierten analistas.
Las metas económicas anunciadas por el Presidente ante el Congreso, que incluían una inflación del 10,1% para todo 2026 y un crecimiento exponencial, parecen distantes. El objetivo actual del equipo económico es cerrar el año por debajo del 31,5% registrado en 2023. Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) moderó sus expectativas de crecimiento para Argentina este año, situándolas en un 3,5% del PBI, por debajo de los pronósticos más optimistas que manejaba el Gobierno.
Esta coyuntura ha incrementado la tensión dentro de la coalición oficialista, La Libertad Avanza. Según versiones de fuentes internas, el ministro de Economía, Luis Caputo, habría señalado en conversaciones reservadas que «el único riesgo que nos queda es el riesgo político». Esta percepción refleja una preocupación por la cohesión interna y la gestión de las expectativas.
Frente a este panorama, el Presidente Milei ratificó el martes pasado su compromiso con la ortodoxia económica, aunque su declaración de que «si no nos acompañan, nos volvemos a casa» generó interrogantes entre algunos sectores inversores. Mientras tanto, el Banco Central anunció el viernes una nueva flexibilización de los encajes bancarios, una medida que busca incrementar la liquidez en pesos dentro del sistema financiero.
Las encuestas de opinión pública monitoreadas por el propio Gobierno indican que la preocupación por la situación económica ya no se limita a los votantes opositores, sino que también comienza a manifestarse entre parte del electorado libertario. La evolución del índice de precios de abril, cuyas estimaciones preliminares la mayoría de los analistas sitúan en torno al 2%, será un nuevo indicador clave para medir la efectividad de las políticas en curso.