La Procuración del Tesoro Nacional (PTN) anunció una profunda reestructuración institucional que sacudió los cimientos del cuerpo jurídico del Estado argentino. En medio de un escándalo por presuntas filtraciones de información sensible vinculadas al juicio internacional por la expropiación de YPF, el organismo confirmó el despido de más de 60 funcionarios y la reducción drástica de áreas técnicas.
Desde la Casa Rosada, fuentes oficiales dejaron trascender que sospechan de venta de información de YPF por parte de empleados estatales, lo que habría comprometido la estrategia judicial del país en uno de los litigios más costosos de su historia.
El litigio por la expropiación de YPF enfrenta al Estado argentino con el fondo Burford Capital en tribunales de Estados Unidos. En 2023, la jueza Loretta Preska dictó un fallo que condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones, y recientemente ordenó la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
Aunque la Corte de Apelaciones de Nueva York otorgó una suspensión administrativa temporal, la causa sigue abierta y cada movimiento del Estado es observado con lupa. La Procuración del Tesoro, dirigida por Santiago Castro Videla, es el organismo encargado de la defensa jurídica del Estado en este tipo de litigios.
Por eso, cualquier filtración de información interna representa un riesgo grave para la posición argentina. La reestructuración anunciada por la PTN incluye: Más de 60 despidos, lo que representa una reducción superior al 20% del personal desde febrero de 2025. Disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, reemplazada por un centro con menos de un tercio del personal anterior.
Reducción de Direcciones Nacionales, que pasarán de seis a cuatro. Eliminación de unidades jerárquicas innecesarias, reorganización de funciones superpuestas y reasignación de competencias estratégicas. Recorte de comitivas y gastos en viajes oficiales, como parte de una política de austeridad.
Sospechas
El comunicado oficial de la Procuración no menciona explícitamente las filtraciones, pero desde la Casa Rosada confirmaron que la decisión responde a sospechas de venta de información confidencial que habría beneficiado a los demandantes del juicio por YPF.
Según fuentes gubernamentales, en las últimas semanas se detectaron movimientos irregulares dentro de la Procuración, con difusión no autorizada de aspectos clave de la estrategia judicial. Se presume que documentos sensibles habrían sido filtrados y podrían haber terminado en manos de Burford Capital.
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