El Gobierno estrenó el Consejo de Mayo en busca de avanzar con las contrarreformas

En un intento del Gobierno por recuperar la agenda política este martes se llevó a cabo la primera reunión del Consejo de Mayo que anunció Milei un año atrás en Tucumán durante la firma del Pacto de Mayo.

Fue encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y participaron Alfredo Cornejo, como voz de las provincias que adhirieron al acuerdo; Carolina Losada, por la cámara alta del Congreso; Cristian Ritondo, por la cámara baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por la CGT; Martín Rappallini (presidente de la UIA), por el empresariado; y Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado), en representación del Ejecutivo.

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Con estas reuniones el Gobierno busca retomar protagonismo en un año marcado por las elecciones provinciales y de CABA, el enfrentamiento con uno de sus principales socios políticos, Mauricio Macri, la detención de Cristina Kirchner tras el fallo proscriptivo de la Corte Suprema, y más recientemente, lo que parece ser algún tipo de indicio de unidad entre los gobernadores, a quienes la motosierra en sus provincias ¿empieza? a generarles cada vez más problemas.

En la Rosada aspiran a que las reuniones del Consejo de Mayo hagan de instancias para las negociaciones que necesitan concretar con los gobernadores para avanzar en su agenda legislativa y obtener promesas de gobernabilidad, en medio de una situación social que empeora para las mayorías, como lo marca el aumento del desempleo a su más alto nivel en lo que va del mandato libertario.

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La reforma laboral, con la que buscan avanzar aún más contra los derechos de los trabajadores es uno de los principales objetivos en la Rosada. Hecha a pedido del poder económico y los fondos de inversión tiene como fin poder explotar ’más eficientemente’ la fuerza de trabajo en el país, quitando la indemnización, extendiendo la jornada laboral, flexibilizando las vacaciones, entre otras medidas, que se suman a las contempladas en la Ley Bases.

Además de la laboral, se encuentran entre los puntos del Pacto de Mayo que el Consejo busca concretar, la reforma previsional, el aumento del ajuste fiscal y la “explotación de los recursos naturales”. De modo totalmente ilustrativo, el primer punto de Pacto es la “inviolabilidad de la propiedad privada”, es decir, los bienes e intereses de los dueños del país.

Lejos de ser un ámbito de discusión, el Consejo Cipayo -como lo llamó Myriam Bregman-, busca dar una imagen de institucionalidad y mesa de diálogo, pero lo forman los mismos aliados que le dan su apoyo en el Congreso, como Ritondo, Losada y Cornejo, o dejando pasar el ajuste sobre las mayorías, como lo hace la CGT, representada por Gerardo Martinez.

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A la vez, su reactivación se da en el medio de una suerte de reagrupamiento de los gobernadores, plasmado este lunes en una reunión que mantuvieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A pesar de su participación en lo que va del ajuste mileísta, las consecuencias de la motosierra empiezan a preocupar en un año electoral, en el que la falta de coparticipación y el parate de las obras, se sentirá con más fuerza. Los mandatarios impulsan un proyecto de ley por los fondos del impuesto a los Combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Calculan que el gobierno nacional ajustó por más de $30 billones en lo que va del mandato.

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Es en este contexto también que el Gobierno necesita mantener un canal de diálogo con las provincias y los sindicatos para sostener los eventuales nuevos vetos de Milei a proyectos como el magro aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad, que se votaron en Diputados.

A diferencia del escenario con el que contó hasta ahora en el Congreso, durante las últimas votaciones, gobernadores como Jaldo (Tucumán) , Jalil (Catamarca) y Saenz (Salta), se le «rebelaron» e instruyeron a sus legisladores a votar distinto a los deseos de la Rosada. El tucumano, un aliado clave hasta el momento, fue el que dio la nota, lanzando varias críticas a la administración libertaria, acusando recibo del impacto de las políticas de Caputo y compañía en la economía provincial. ¿Se quitó la peluca?

Pero la nota la dio nuevamente la CGT, que sigue manteniendo una tregua criminal con el Gobierno y manda a Gerardo Martínez como su representante para rosquear y entregar aún más derechos de los trabajadores, a cambio de algunas migajas para la casta sindical.

Nada bueno para las mayorías saldrá del Consejo de Mayo, ni de la rosca de los mandatarios provinciales, que después de un año y medio de gobernabilidad, ahora se percatan de las consecuencias del ajuste mileísta. La CGT en lugar de participar de esa mesa, debería llamar a asambleas en los lugares de trabajo para derrotar los planes de Milei, los empresarios y el FMI.