Reparaciones millonarias para ex sediciosos

En Uruguay hay muchos jubilados que cobran una pensión pese haber trabajado toda la vida. 

Son miles los uruguayos de la tercera edad que trabajaron y aportan pero su jubilación en BPS es reducida, pese a haber aportado durante 30 años o más.

BPS le paga a miles de jubilados que no alcanzan para llegar a fin de mes, pero en Uruguay también hay privilegiados que nunca aportaron o por lo menos aportaron parcialmente y cobran jugosas pensiones, subvenciones y reparaciones por diversas leyes que se han aprobado a lo largo del tiempo.
 
Estos privilegiados son las supuestas víctimas de la «represión ilegal del Estado», que gracias a diversas normas les han dado un sinnúmero de beneficios a individuos que atentaron contra la democracia la libertad y los Derechos Humanos.

En efecto, estas leyes reparatorias comienzan a computar los beneficios desde mucho antes del quiebre institucional del 27 de junio de 1973.

Una de esas es la ley 18.596 del año 2009.

Privilegios especiales

Se desprende de estas leyes que «Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo -desde el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973- en la práctica de torturas, en la desaparición forzada de personas y  la prisión sin la intervención del Poder Judicial, en homicidios, la aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social».

Cómo se aprecia, se empieza a contar desde el 13 de junio de 1968, cuando habia gobierno constitucional electo por el pueblo. La «represión estatal», según estas leyes reparatorias, empezó en un gobierno democrático.

De esta forma con estas leyes cobran beneficios indebidos por, supuestamente, haber sido víctimas de represión por parte de organismos del Estado.

Una enorme mayoría de estos beneficiados pertenecieron a bandas terroristas como el  MLN – Tupamaros, o al aparato armado del  Partido Comunista que se empezó a crear a principios de la década de 1960.

Sin embargo, diversos gobiernos en especial los del Frente Amplio, han aprobado esta normativa para privilegiar a quienes atentaron contra el Estado de Derecho, y se levantaron en armas contra las instituciones democráticas.

Pagan los contribuyentes

Todo este festival de pensiones, subvenciones, y reparaciones, las paga el pueblo uruguayo con sus impuestos.

Son los contribuyentes quienes solventan estos privilegios.

Con el paso del tiempo alguno de estos privilegiados han fallecido por razones naturales, pero sin embargo gracias a un decreto de Tabaré Vázquez sus descendientes también una jugosa pensión. 

Todo esto revela el negocio sucio de los Derechos Humanos, dónde algunos se han disfrazado de «víctimas del terrorismo de Estado», para cobrar el dinero de todos, mientras los verdaderos trabajadores que aportaron al BPS toda la vida cobran bajas jubilaciones.

Injusticia infinita que nadie se atreve a cambiar.