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lunes, 16 noviembre, 2026

Un rabino israelí invoca una doctrina que habilita el uso de fuerza letal contra políticos que se alíen con partidos árabes

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El rabino Gedalya Axelrod, exjefe del tribunal rabínico de Haifa, emitió un dictamen que invoca la doctrina del ‘rodef’ contra dirigentes que colaboren con fuerzas árabes para formar gobierno. Exjefes de seguridad pidieron a la policía que lo investigue por incitación al asesinato.

Un dictamen emitido por el rabino Gedalya Axelrod, antiguo jefe del tribunal rabínico de Haifa, invoca una doctrina judía que habilita el uso de fuerza letal contra dirigentes políticos que colaboren con partidos árabes para formar gobierno en Israel. La carta manuscrita fue difundida a comienzos de esta semana.

En el texto, Axelrod sostiene que los líderes de partidos judíos que respalden la conformación de un Ejecutivo con apoyo de fuerzas árabes quedan sujetos al din rodef, doctrina traducida como «la ley del perseguidor» según la cual quien amenaza la vida de otra persona puede ser detenido por cualquier medio necesario. El rabino afirmó que dicha cooperación política representa «un terrible peligro para el pueblo de Israel en Tierra Santa y en todo el mundo», y aclaró que la advertencia alcanza tanto a quienes incorporen a esos espacios en una coalición como a quienes dependan de su respaldo parlamentario externo.

Un grupo de exjefes de los servicios de inteligencia y de las fuerzas armadas, entre ellos antiguos directores del Mossad y del Shin Bet, reclamó a la policía que investigue de inmediato a Axelrod por incitación al asesinato. En una presentación dirigida al jefe de la División de Investigaciones e Inteligencia policial, los exresponsables de seguridad exigieron que el religioso sea interrogado «antes de que, Dios no lo quiera, nos veamos obligados a presenciar otro asesinato político en Israel».

El dictamen remite al antecedente del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin en 1995, tras la firma de los Acuerdos de Oslo, cuando la doctrina del rodef fue invocada por sectores extremistas.

En el plano parlamentario, el diputado Ofer Cassif, único legislador judío de la Lista Conjunta, reclamó la apertura de una causa penal y advirtió que el país atraviesa una transición política delicada donde no se puede legitimar la violencia contra funcionarios electos. Según remarcó el legislador, el hecho de que Axelrod sea una «figura rabínica autorizada y reconocible» vuelve más urgente que rinda cuentas ante la Justicia.

El vocero de Chabad en Israel, el rabino Shimi Segal, aseguró que el exjefe rabínico de Haifa no expresa la postura institucional de la organización. «Las posiciones halájicas oficiales de Chabad son determinadas exclusivamente por su tribunal rabínico. El rabino Axelrod no es miembro de este tribunal ni desempeña ninguna función en la dirección de Chabad. Sus palabras y cartas reflejan su opinión personal», aclaró Segal.

La controversia se produce en medio de las negociaciones para conformar el próximo gobierno israelí y desplazar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu. Mientras el líder del partido Demócratas, Yair Golan, defendió la inclusión de fuerzas árabes en una coalición opositora y el dirigente Gadi Eisenkot afirmó que invitaría a cualquier espacio que cumpla condiciones básicas, tanto la Lista Árabe Unida de Mansour Abbas como la Lista Conjunta expresaron su respaldo a Eisenkot para encabezar el futuro Ejecutivo.

La «Ley del Perseguidor»

En la tradición jurídica judía, el din rodef tiene su raíz en el libro bíblico del Deuteronomio y fue desarrollado sistemáticamente en el Talmud, antes de ser codificado en el siglo XII por el filósofo y jurista Maimónides. En su concepción original, la norma funciona como un principio de legítima defensa de terceros frente a un ataque físico inminente: establece el deber de intervenir para salvar a una víctima de un agresor que intenta asesinarla, aunque exige incapacitarlo sin matarlo siempre que sea posible, habilitando la fuerza letal únicamente como último recurso inevitable.

Durante siglos se aplicó estrictamente a situaciones individuales de peligro mortal inmediato. En las últimas décadas, sectores ultranacionalistas en Israel reinterpretaron esta doctrina para trasladarla al plano político. Bajo esa lectura, los grupos extremistas sostienen que cualquier gobernante cuyas decisiones territoriales o alianzas puedan poner en riesgo vidas judías en el futuro califica como un «perseguidor», argumento utilizado por Yigal Amir para justificar el magnicidio de Yitzhak Rabin en noviembre de 1995.

Israel atraviesa un escenario de alta polarización política tras un ciclo electoral marcado por las consecuencias de la guerra en Gaza, las tensiones internas en torno a la reforma judicial y el desgaste de la coalición liderada por Netanyahu. En el sistema parlamentario israelí, ningún partido logra por sí solo la mayoría absoluta de 61 bancas sobre las 120 que integran la Knéset, por lo que el resultado de las urnas dejó un mapa fragmentado que obliga a complejas negociaciones poselectorales.

Actualmente, el gobierno en funciones está encabezado por Benjamin Netanyahu, líder del partido conservador Likud, quien gobierna al frente de una coalición de derecha integrada por partidos ultraortodoxos (como Shas y Judaísmo Unido de la Torá) y fuerzas de extrema derecha nacionalista (como Sionismo Religioso y Poder Judío). Tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, los conflictos en múltiples frentes regionales y los juicios por corrupción que aún enfrenta el mandatario, su bloque llega a esta instancia con un fuerte cuestionamiento interno y con la oposición buscando articular una mayoría alternativa para desplazarlo del poder.

Quienes deben negociar para formar gobierno son los referentes del bloque opositor anti-Netanyahu, encabezado por figuras como Gadi Eisenkot, Yair Lapid, Benny Gantz y el líder del partido Demócratas, Yair Golan, ya que no cuentan con los escaños suficientes dentro del campo estrictamente sionista y laico para alcanzar la mayoría de 61 diputados. Para lograrlo, necesitan tejer acuerdos con los partidos que representan a la minoría árabe-israelí, principalmente la Lista Árabe Unida (Ra’am), liderada por Mansour Abbas, y la coalición Lista Conjunta (Hadash-Ta’al), ya sea incorporándolos formalmente al gabinete o asegurando su respaldo parlamentario externo, un movimiento que replica la experiencia del «gobierno de cambio» de 2021-2022 y que desata la reacción de los sectores ultranacionalistas y religiosos.

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