Un investigador afirma que la inversión pública en ciencia y técnica alcanzó el 0,15% del PBI, el nivel más bajo desde que hay registros. Sostiene que la Secretaría de Ciencia dejó de recibir subsidios del BID y que se anularon los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT).
La inversión pública en ciencia y técnica en Argentina se ubica en el 0,15% del PBI, el nivel más bajo desde que hay registros, según afirmó un investigador en un artículo de opinión publicado en un medio nacional. El texto, firmado por un científico que se desempeñó en el National Cancer Institute y el National Institute of Health de Estados Unidos, sostiene que la Secretaría de Ciencia dejó de recibir los subsidios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiaban los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y los programas de innovación.
El autor indica que los PICT fueron anulados por el actual gobierno junto con el crédito del BID para la ciencia y las empresas del sector. Añade que «lo poco que se invirtió salió de la contraparte que el Estado debía aportar para no perder el crédito del BID» y que «no se ahorró un centavo y se destruyó el programa entero, desfinanciando gravemente a la ciencia de todo el país».
El investigador señala que en administraciones anteriores ya existían problemas estructurales. Menciona que varios ministros y secretarios de Ciencia no eran científicos y que esa formación es «condición necesaria» para conducir el área, aunque «no es suficiente». Relata que, tras su regreso de Estados Unidos, en los años 90 impulsó la inclusión de overheads (costos indirectos) en los subsidios, y que solo logró un monto «francamente insuficiente, menos del 5%», destinado exclusivamente a costos de administración.
Según el texto, el sistema científico local carece de presión de selección. «Se reparten muchos subsidios insuficientes y con mínima exigencia, en lugar de financiar menos proyectos, agregar sus costos indirectos (overheads) y hacerlos muy competitivos (~15% de aprobación)», afirma. Como consecuencia, sostiene que muchas instituciones se ven obligadas a cobrar «diezmos» irregulares a sus investigadores.
El autor también hace referencia al Conicet y a las universidades. Afirma que «fuera del Conicet no hay presión por ‘publicar o perecer'» y que abundan profesores que no investigan ni publican en revistas internacionales. Respecto de la edad jubilatoria, indica que en el Conicet se jubila a los 67 años o se contrata ad honorem, sin viáticos, almuerzo, transporte ni subsidios, y lo compara con el sistema de tenure de países desarrollados.
En materia de patents, el investigador menciona que el Gobierno busca remover dificultades mediante la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), proyecto que «ya tiene media sanción y fue girado al Senado». También se refiere a la importación de insumos y equipos: el Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas (Roecyt, ley 25.613) burocratiza el proceso, y señala que el decreto 515/19, que casi lo resolvía durante el gobierno de Macri, fue anulado y luego no firmado por el último secretario de Ciencia.
El texto advierte que «el deterioro se verá pronto en las publicaciones, el índice H y los rankings del Conicet y las universidades» y que «tendremos empresas cada vez menos competitivas y la calidad de la atención médica disminuirá». Asimismo, sostiene que sin comisiones evaluadoras como las de los PICT «proliferarán los proyectos basados en creencias y pseudociencia».
El autor se define como liberal y afirma: «quiero que al Gobierno le vaya bien; precisamente por eso me preocupa que no escuchen a quienes investigan». Y concluye con un pedido al presidente Milei: «reactive los PICT y el crédito del BID antes de que el daño sea irreversible».
