La delegación argentina expuso este miércoles en Hamburgo sus argumentos finales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en el marco del pedido de medidas provisionales para frenar la explotación de hidrocarburos en la cuenca Sea Lion, ubicada al norte de las islas Malvinas.
La delegación argentina cerró este miércoles en Hamburgo su segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en el marco del pedido de medidas provisionales para suspender las actividades de explotación petrolera en la cuenca Sea Lion, ubicada a 220 kilómetros al norte de la isla Soledad y a poco más de 400 kilómetros de la costa continental argentina.
La jornada se produjo un día después de que la delegación del Reino Unido, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, citara declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno para sostener que el pedido argentino excede la competencia del tribunal. La respuesta argentina, al día siguiente, se centró en rechazar ese argumento.
El jurista Marcelo Kohen, experto en derecho internacional, expuso en francés y cuestionó al Reino Unido por pretender ejercer derechos sobre la plataforma continental como si la cuestión de la soberanía estuviera resuelta. Kohen sostuvo ante los jueces que la Argentina no solicita un pronunciamiento sobre la soberanía y que el tribunal no necesita hacerlo para dictar medidas provisionales, con lo que reafirmó la existencia de competencia prima facie.
Ese concepto es central en el caso, enfocado en el daño irreversible al medio ambiente a partir de la perforación petrolera y el riesgo asociado a la falta de experiencia de Navitas Petroleum en proyectos offshore. Según los argumentos argentinos, el tribunal arbitral que deberá resolver el fondo de la controversia tiene, de manera preliminar, fundamentos suficientes para intervenir, ya que la disputa involucra la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Mientras esa controversia siga abierta, el Reino Unido no puede avanzar en forma unilateral con la explotación de recursos no renovables antes de que ese tribunal esté en condiciones de actuar.
El jurista neerlandés Nico Schrijver, expresidente del Instituto de Derecho Internacional y especialista en soberanía sobre recursos naturales, concentró su exposición en la urgencia y en el riesgo de un daño irreparable. Según su exposición, la situación cambió de manera sustancial con la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025, anunciada por la administración británica de Puerto Argentino, cuando Sea Lion pasó de la exploración a un programa concreto de explotación, con hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles. Schrijver advirtió que una vez perforado el primer pozo de explotación el daño será irreversible y ya no habrá recursos que preservar, y resumió la postura argentina con la frase: “Si no es ahora, será nunca”.
El cierre estuvo a cargo del agente argentino, el embajador Mario Oyarzábal, quien reiteró que la Argentina acreditó los cuatro requisitos que exige el tribunal para dictar medidas provisionales: la competencia prima facie, la plausibilidad de los derechos invocados, el riesgo real e inminente de un perjuicio irreparable y la urgencia. Oyarzábal rechazó además lo que la Cancillería describió como un intento británico de tergiversar los argumentos argentinos y desviar el eje de las audiencias hacia la soberanía de las islas, con el objetivo de cuestionar la competencia del tribunal y lograr que el pedido de medidas provisionales sea rechazado.
Por último, el agente reiteró las cuatro medidas solicitadas: impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con la cuenca Sea Lion; evitar el uso perjudicial de la información obtenida durante la exploración; permitir que la Argentina cumpla con sus obligaciones de protección del medio marino; y prevenir nuevas acciones que agraven la controversia.
Con el cierre de las audiencias a las 15 hora argentina, resta esperar la decisión del tribunal, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse. Según trascendió, la expectativa está puesta en el viernes 13 de noviembre, cuando se cumplirá un mes desde la presentación argentina, aunque también se contempla el lunes 16 como fecha posible. El antecedente de la Fragata Libertad, cuando el mismo tribunal ordenó la liberación del buque como medida provisional en 2012, ofrece una referencia de algunas semanas.
“El reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución”, señalaron fuentes cercanas a la delegación, que aclararon que esta instancia “tiene por objeto obtener medidas provisionales que suspendan las actividades ilegítimas de explotación de hidrocarburos, mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado”.