El máximo tribunal declaró arbitraria la sentencia de la Sala D de la Cámara Civil que había cancelado la inscripción de la AFA en la IGJ y anulado la veeduría. El expediente debe volver a la Cámara para una nueva sentencia, lo que posterga la revisión de balances.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el viernes arbitraria la sentencia del 18 de junio de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había cancelado la inscripción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la Inspección General de Justicia (IGJ) y anulado la resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, que ordenaba una veeduría de 180 días hábiles sobre la entidad.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó la sentencia y devolvió el expediente a la Cámara Civil para que se dicte una nueva resolución. Según el texto, la IGJ conserva sus facultades de fiscalización mientras no se cancele la inscripción de la AFA en su jurisdicción de origen, y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense no tiene competencia sobre la entidad hasta que se complete el cambio de domicilio.
La nueva sentencia no podrá ser firmada por los mismos camaristas de la Sala D, Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, quienes habían resuelto a favor de la AFA en anteriores decisiones. Deberá intervenir un tribunal distinto, lo que implica sortear o designar nuevos jueces, remitir el expediente, notificar a las partes y esperar el fallo. Fuentes del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, señalaron que el ministro quiere enviar a los veedores de inmediato, pero que la medida depende ahora de la Justicia. En la cartera aclararon que no darán pasos que la AFA pueda impugnar y que esperarán el nuevo pronunciamiento de la Cámara.
Los veedores designados el 16 de marzo por Mahiques son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco. Tenían a su cargo la revisión de libros contables, registros administrativos, contratos y acuerdos comerciales de la AFA, así como el proceso de creación de la Universidad de la AFA. En mayo se presentaron en las sedes de la AFA y de la Superliga para solicitar documentación, pero en junio la Sala D anuló la resolución que los había designado y la tarea quedó suspendida.
El extitular de la IGJ Daniel Vítolo, quien había pedido la veeduría y rechazado la mudanza de la AFA a Pilar, afirmó que «la Corte puso las cosas en su lugar y ratificó la actuación de la IGJ bajo mi gestión». Agregó que «ahora depende de las actuales autoridades seguir adelante con la investigación y esclarecer los hechos». Vítolo fue desplazado del organismo en marzo por Mahiques.
La IGJ había reclamado explicaciones por gastos de la AFA por más de US$111 millones entre 2017 y 2025 y por más de US$300 millones en la Superliga. Esos mismos libros están bajo investigación de la justicia penal económica por supuesto fraude, con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino como imputados.
El fallo de la Corte también incide en la disputa de competencia entre el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y la justicia porteña. Para el máximo tribunal, la AFA no tiene por ahora domicilio en Pilar porque el traslado no se completó formalmente, lo que debilita el argumento del juez de Campana para intervenir en las causas. El mismo día, la Corte rechazó unificar las investigaciones y mantuvo dos de ellas en la Justicia porteña.