El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que se recibieron aportes de diputados del PRO, MID y peronismo para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El martes se buscará dictamen de comisión.
El Gobierno aceptaría las exigencias y modificaciones impulsadas por los aliados al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, para conseguir los votos y aprobarlo en el recinto, según informó el vocero presidencial, Adrián Ravier, a través de su cuenta en X.
El anuncio se produjo luego de la reunión que mantuvieron el viernes el asesor Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario, Adrián Pagán, hombre cercano al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
Ravier confirmó que se recibieron los aportes presentados por los diputados del PRO, del MID e incluso del peronismo. No mencionó a la UCR, aunque fuentes legislativas indicaron que también hubo sugerencias de la mendocina Pamela Verasay y de los provinciales.
«Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta Ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos», destacó Ravier.
El proyecto Malvinas generó tensiones internas en el Gobierno y motivó preocupación en Estados Unidos por el impacto que la norma tendría en las inversiones norteamericanas, según versiones que circularon en el Congreso. La preocupación de Washington se relaciona con las penalidades propuestas en el proyecto oficialista que alcanzan a las firmas que operan en Malvinas, así como a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas.
Pese a ello, el Gobierno decidió avanzar con la propuesta, cuyo tratamiento continuará la próxima semana en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. La intención de la Casa Rosada es obtener dictamen de mayoría.
Entre los cambios que el Gobierno aceptaría se encuentra la incorporación del Ministerio de Seguridad al proyectado Consejo de Seguridad como miembro permanente. En el texto original, el Consejo solo incluía al Presidente, al canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. Fuentes parlamentarias vincularon la exclusión de la cartera de Seguridad a tensiones internas entre un sector del Gobierno y la ex titular del área, Patricia Bullrich.
Otro de los cambios que se aceptaría es la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control del propuesto Consejo de Seguridad, propuesta que ya había sido planteada por Ibarzabal cuando los diputados reclamaron la participación del Parlamento.
Uno de los puntos que aún no está definido es el de las llamadas infraestructuras críticas. El Gobierno analiza redefinir el texto. En el original se hace referencia a aquellas instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos, tanto públicos como privados, cuya interrupción o destrucción pueda afectar de manera significativa la seguridad, la defensa, la salud, la economía, los servicios esenciales o el funcionamiento del Estado. Los propietarios y operadores de infraestructuras alcanzadas por el régimen quedarían a cargo de las medidas de protección de esas infraestructuras, que deberán contar con el aval del Consejo de Seguridad. En principio se avanzaría con la definición de infraestructura crítica y las responsabilidades de las provincias.
Según fuentes legislativas, el Gobierno también haría lugar a una sugerencia del diputado Eduardo Falcone del MID, quien reclamó que cualquier acción militar drástica, como el derribo de aviones o el hundimiento de buques hostiles, requiera obligatoriamente la autorización del Congreso y no quede en manos del Presidente o del ministro de Defensa.
Asimismo, la Casa Rosada aceptaría modificaciones al artículo 111 que prevé penas que van de los 5 a los 15 años de prisión para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado o agente extranjero, realicen actividades que procuren «alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva». Se definiría una figura penal más sólida, excluyendo explícitamente la actividad periodística, académica y el debate público. El artículo había sido cuestionado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) al alertar sobre la ambigüedad y amplitud de conceptos como «desinformación» o «manipular la opinión pública».
La intención del oficialismo es sacar dictamen de comisión el martes con la intención de incluirlo en la próxima sesión. El Gobierno buscaba sumarlo al temario de la sesión pasada, pero las negociaciones se dilataron y no pudo ser tratado junto a emergencia en discapacidad y la Ley de Tierras.