La Cámara de Apelaciones de San Luis confirmó una afectación de la garantía de intangibilidad salarial y reconoció una reparación con efectos desde febrero de 2024. La Provincia deberá afrontar el 80% de las costas de apelación.
La Cámara de Apelaciones de San Luis confirmó una afectación de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de dos magistradas y reconoció una reparación con efectos desde febrero de 2024, según la resolución dictada el 16 de octubre y conocida públicamente el lunes 19 en el expediente 425875/24.
El caso fue iniciado por dos juezas y tres secretarias judiciales contra el Superior Gobierno de la Provincia. El tribunal examinó recibos de haberes, la evolución del costo de vida y otros elementos incorporados a la causa. Para las dos magistradas, consideró acreditado un deterioro sostenido que comprometió una protección constitucional vinculada con la independencia del Poder Judicial.
La demanda había obtenido una respuesta favorable en primera instancia. Tanto las reclamantes como la Fiscalía de Estado apelaron y la Cámara modificó parcialmente aquella decisión: extendió la retroactividad desde noviembre a febrero de 2024, pero excluyó a las tres secretarias del reconocimiento constitucional específico otorgado a las juezas.
La defensa de la Provincia había cuestionado la prueba y planteado restricciones económicas y presupuestarias. Los conjueces entendieron que esas circunstancias podían ser consideradas al instrumentar una solución, pero no bastaban para desconocer la garantía constitucional.
El artículo 192 de la Constitución de San Luis protege la remuneración mensual de los magistrados y establece que no puede ser disminuida, salvo los descuentos previsionales y de carácter general. La Cámara vinculó esa protección con la independencia de quienes ejercen funciones judiciales.
La decisión no fijó una suma de dinero ni un porcentaje de aumento general para el personal judicial. Tampoco dispuso una equiparación automática con los salarios de otras provincias. El alcance concreto reconocido corresponde a las dos magistradas que promovieron el amparo.
La sentencia de segunda instancia distribuyó las costas de apelación con un 80% a cargo del Estado provincial y un 20% para la parte actora, además de mantener para las juezas la reparación retroactiva desde febrero de 2024.