La magistrada estadounidense dejó sin efecto su sentencia de 2023 y acató el fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó la condena contra la Argentina por más de US$16.000 millones. El caso queda a la espera de que la Corte Suprema de Estados Unidos decida si revisa el recurso presentado por el fondo Burford Capital.
La jueza federal de Estados Unidos Loretta Preska emitió una resolución que deja sin efecto su propia sentencia de 2023 a favor de los demandantes en el juicio por la estatización de YPF, con lo que queda cerrado formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York. La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo revocó la condena contra la Argentina por más de US$16.000 millones.
El documento, denominado amended final judgement (sentencia definitiva modificada), incorpora el resultado del tribunal superior al expediente de primera instancia y oficializa su clausura en ese juzgado. La jueza habría denegado la posibilidad de dilatar esa decisión, que los demandantes pretendían mantener a la espera de la revisión de la Corte Suprema.
De ahora en adelante, la Corte Suprema de Estados Unidos (Scotus, por sus siglas en inglés) deberá determinar si asume el caso tras el recurso presentado por el fondo Burford Capital, que litiga en representación de los derechos de las empresas Petersen Energía, Petersen Inversora y la firma Eton Park, para que se revise el fallo.
Preska estuvo al frente del expediente cerca de diez años. La causa se inició con una demanda en 2015 por parte del fondo Burford Capital. Dos años más tarde, la jueza neoyorquina asumió el caso tras el fallecimiento de Thomas Griesa, primer magistrado del juicio por YPF.
La causa YPF se originó en 2012 cuando la entonces presidenta Cristina Fernández impulsó la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera que pertenecían al grupo español Repsol. El núcleo del conflicto legal posterior radicó en que el Gobierno omitió el estatuto de la compañía, que obligaba a cualquier comprador que tomara el control de la firma a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas minoritarios.
Luego, el Estado nacional tomó las acciones de Repsol, con Axel Kicillof —por entonces viceministro de Economía— argumentando la soberanía hidrocarburífera del país. Una vez con YPF bajo control estatal, se prohibió el giro y reparto de dividendos. Esto afectó financieramente a los accionistas minoritarios locales del Grupo Petersen —representado por la familia Eskenazi, que poseía el 25% y pagaba los créditos de su compra con esos dividendos—, llevándolos a la quiebra en España.
A diferencia de los otros damnificados, en 2014 Repsol cerró un acuerdo con la Argentina a través de una indemnización de US$5.000 millones en bonos soberanos. A partir de 2015 se inició un nuevo frente de batalla con los denominados “fondos buitre”. En abril de ese año, Burford Capital demandó al Estado argentino ante los Tribunales del Distrito Sur de Nueva York, basando su reclamo en el incumplimiento del estatuto corporativo que protegía a los actores minoritarios en la Bolsa de Wall Street.