La crecida de los ríos Uruguay y Paraná obliga a trasladar hacienda en el Litoral y la Cuenca del Salado. La Sociedad Rural de Rosario pidió que la reducción de derechos de exportación se convierta en ley y cuestionó el estado de la red vial y la moneda de pago de los granos.
Las proyecciones de especialistas en clima sobre la aparición del fenómeno El Niño en el último trimestre del año comenzaron a cumplirse en los últimos días con la crecida de las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná, según el informe de Monitoreo Semanal del Niño 2026/27 de la Secretaría de Agricultura.
El traslado de hacienda hacia campos con menos riesgo de anegamientos es una de las consecuencias del evento climático. Para los productores afectados, especialmente los más pequeños, representa un aumento del gasto en fletes, entre otros rubros. El Litoral es la zona más afectada, aunque también se registraron perjuicios en los campos bajos de la Cuenca del Salado.
Meses antes, se constituyó un Plan de Coordinación Federal con reuniones entre el gobierno provincial y los estados provinciales, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias, para responder a las urgencias del fenómeno.
El informe oficial señala que la deficiencia de infraestructura se evidencia en el mal estado de los caminos rurales, especialmente en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, productores rurales de distintos partidos bonaerenses, entre ellos Colón y Necochea, reclaman transparencia en el rendimiento de las cuentas de lo recaudado por tasas viales, que deberían tener como contraprestación el mantenimiento y cuidado de la red vial terciaria.
En la semana, la Sociedad Rural de Rosario (SRR) emitió un comunicado en el que valoró el camino de reducción de los Derechos de Exportación (DEX) iniciado por el gobierno nacional y solicitó que el Congreso «lo convierta en ley, para que la baja deje de depender de un decreto». La entidad recordó que «el campo carga históricamente con esta discriminación» y que «además de los impuestos generales, se le descuentan en forma automática los derechos de exportación, que no se coparticipan y no vuelven a las provincias donde se genera la producción».
La SRR mencionó proyectos de ley elaborados por los diputados Gisela Scaglia (Provincias Unidas-Santa Fe) y Martín Ardohain (PRO-La Pampa), presentados en mayo y aún sin tratamiento.
Tomás Layús, presidente de la SRR, declaró que «salimos de una cosecha muy buena, de 170 millones de toneladas, pero el resultado es apretado». Añadió que los DEX llevan 24 años de reimplantados y que «de cada cuatro camiones de soja, uno se lo queda el Estado». También sostuvo que fue positivo lo hecho por el Gobierno para lograr el equilibrio fiscal y normalizar la economía, pero afirmó: «del otro lado estamos los productores que tenemos que pagar las cuentas».
Otro punto planteado por la SRR es el de la moneda de pago. El comunicado expresó: «Que el cereal se pague en la moneda en que cotiza, como ya ocurre con los insumos agropecuarios». Actualmente, los exportadores están obligados a liquidar las divisas en el Banco Central y la moneda de pago de los granos sigue siendo el peso.
«Queremos estar en igualdad de condiciones que los productores de los países vecinos», dijo Layús, es decir, sin retenciones y con libertad de elección de la moneda de pago.
Mientras tanto, el Gobierno impulsa un programa de estabilidad tributaria y cambiaria para sectores como el petróleo, el gas y la minería, denominado RIGI. Dirigentes rurales afirman que el campo no solicita instrumentos extraordinarios sino condiciones equivalentes a las de los competidores del exterior.