El Departamento de Policía de San Diego solicitó información para adquirir un sistema de IA con un contrato estimado de entre USD 500.000 y USD 3 millones. Expertos y académicos cuestionan la precisión de los informes generados por algoritmos.
El Departamento de Policía de San Diego (SDPD) emitió una solicitud de información para contratar un sistema de inteligencia artificial destinado a la redacción de informes policiales, con un contrato estimado de entre USD 500.000 y USD 3 millones. La iniciativa se enmarca en un debate en Estados Unidos sobre si los algoritmos pueden o deben escribir los documentos que los agentes presentan ante fiscales, jueces y jurados.
La vocera del SDPD, Ashley Nicholes, declaró que el departamento se encuentra en una «fase de exploración» para conocer las opciones disponibles. Según indicó, la reducción del tiempo dedicado a tareas administrativas permitiría a los agentes responder más llamados de servicio con mayor rapidez. Ante un eventual avance, el departamento realizaría consultas con funcionarios electos y miembros de la comunidad, afirmó.
La práctica no es exclusiva de San Diego. En California, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) firmó un contrato de USD 235 millones con Axon que incluye una herramienta para generar resúmenes de incidentes a partir del audio de las cámaras corporales. La Policía de Chula Vista ya utiliza IA para redactar reportes; su jefa, Roxana Kennedy, estimó que los agentes dedican entre tres y cinco horas por turno a esa tarea. «Si eso significa que el oficial va a volver a la calle más rápido, es muy importante», afirmó Kennedy, en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.
Un estudio reciente concluyó que los informes elaborados con asistencia de inteligencia artificial «fueron calificados como sustancial y significativamente peores en precisión», según señaló Ian Adams, exoficial de policía y profesor de criminología que dirigió la investigación. Adams subrayó que, para un documento que luego analizarán fiscales, abogados defensores y jurados, la precisión es una condición mínima e innegociable.
Andrew Ferguson, profesor de derecho en la Universidad George Washington especializado en vigilancia policial, advirtió en un artículo académico de 2025 sobre «el peligro de envenenar digitalmente los hechos en los juicios penales mediante la alteración algorítmica del relato». Aunque no se declara un opositor absoluto, Ferguson se asume escéptico. «La pregunta es qué aspecto humano se pierde y qué se hace para asegurarse de que no haya errores reales en la tecnología», dijo a Los Angeles Times. «Nunca parecemos hacernos estas preguntas difíciles antes de desplegar la tecnología».
Khalid Alexander, profesor del San Diego City College y fundador de Pillars of the Community, organización que apoya a residentes afectados por el sistema de justicia, rechazó la propuesta. «Es solo un ejemplo más de que intentan quitarle cualquier atisbo de humanidad a la labor policial», afirmó Alexander al Los Angeles Times. Sus preocupaciones apuntan a la seguridad de los datos personales almacenados en estos sistemas y a la dependencia excesiva en una tecnología que, como docente, vio producir inexactitudes entre sus estudiantes. «El problema no es solo que la usen, es la suposición de que la tecnología es menos parcial y más correcta que los seres humanos», sostuvo.
La Comisión de Estándares y Capacitación para Oficiales de Paz (POST) de California publicó un modelo de política que permite el uso de IA para documentos administrativos, pero exige que un ser humano revise y apruebe todo contenido generado por esa vía. La responsabilidad profesional, legal y ética recae siempre en el autor humano, subrayó el organismo.
En el LAPD, un miembro de la Comisión Policial de Los Ángeles planteó dudas sobre el potencial de la IA para introducir sesgos en los informes durante una reunión reciente. El director de tecnología del departamento, Dean Gialamas, respondió que los sistemas en uso son «no agénticos»: incapaces de tomar decisiones o ejecutar tareas de forma autónoma. Los agentes deben revisar sus informes antes de enviarlos, precisó.
La decisión final del SDPD podría definir cómo centenares de agentes documentan su trabajo cotidiano en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos.