El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y Juan Curuchet, a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación que reveló pérdidas por US$1.023 millones en el ejercicio 2025. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y Juan Curuchet, a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que reveló pérdidas por US$1.023 millones en el ejercicio 2025. La causa quedó radicada en manos del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
El cálculo de la AGN convierte ese quebranto en $1.469.155 millones a valores de cierre. La cifra se descompone en dos partes: US$960,2 millones por el resultado negativo de las opciones financieras y otros US$62,8 millones por el pago de primas. Según el organismo de control, el Banco Central utilizó parte del oro físico como respaldo para contratar derivados liquidables en dólares, una cobertura que, de acuerdo con el informe, terminó con resultado negativo mientras el precio internacional del metal subía.
El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, afirmó al presentar el informe que el Banco Central «erró en el cálculo» y que nunca, desde que la Auditoría revisa sus cuentas, se había registrado una pérdida de esa magnitud. Agregó que tampoco había antecedentes del uso de reservas físicas de oro para transacciones de riesgo. La auditoría avaló el procedimiento formal de la operación, pero no su resultado.
En el mismo balance, el oro le dejó al Banco Central una ganancia patrimonial superior a los $8 billones. Esa mejora, según recordó la AGN, respondió a la suba del precio internacional sobre lingotes comprados durante las presidencias de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont, y no a la gestión actual. Olmos separó ambas cuestiones: una es la revalorización contable del activo; otra, el resultado de la operación financiera montada sobre ese oro.
En su presentación, Dalbón pidió que la Justicia determine quién decidió, autorizó y diseñó las operaciones, con qué contrapartes se concretaron, qué riesgos se asumieron y si hubo un perjuicio patrimonial para el Estado. «1.023 millones de dólares no son una anotación contable», afirmó el abogado. También anticipó que el martes 13 de octubre ampliará la denuncia con nueva documentación, solicitará indagatorias y pedirá medidas urgentes para preservar la prueba.
Los senadores peronistas Soria, Di Tullio y López ya habían ampliado una denuncia previa contra el presidente Javier Milei, Caputo y Bausili. En ella se mencionan los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Los legisladores sostienen que el titular del Banco Central incurrió en «contradicciones relevantes» en sus explicaciones públicas.
Una de esas contradicciones se refiere al paradero del metal. Bausili dijo primero que el oro trasladado al exterior estaba en Suiza y luego reconoció que se encuentra en Londres, una versión que los senadores ponen en duda. El envío de los lingotes, realizado en un operativo de madrugada, sigue sin precisiones oficiales sobre sus detalles.
La AGN trabaja en una auditoría específica sobre las reservas físicas y su traslado. Ese informe buscará establecer por qué se tomó la decisión, a dónde fue a parar el oro y si la operación le reportó algún beneficio concreto al Banco Central o a terceros. Hasta que ese informe esté listo, la explicación oficial se basa en las declaraciones de Bausili.