Mediante el Decreto 1107/2026, el Poder Ejecutivo autorizó a Enarsa a vender su participación en las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín. La central Guillermo Brown se licitará cuando venza su fideicomiso, el 30 de septiembre. El Estado busca recaudar más de US$ 800 millones.
El Gobierno nacional oficializó la venta de tres centrales termoeléctricas con el objetivo de recaudar más de US$ 800 millones. La medida fue dispuesta a través del Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La normativa autoriza a la empresa estatal Enarsa a desprenderse del 65,01% de sus acciones en la Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicada en la ciudad bonaerense de Campana, y del 68,83% de la Termoeléctrica José de San Martín, en Timbúes, Santa Fe. Ambas centrales, según datos oficiales, cubren cerca del 10% de la demanda eléctrica del país.
El origen de esta estructura accionaria se remonta a 2004, cuando el Estado, a través del fondo Foninvemem, canjeó acreencias del mercado mayorista por participación en nuevas usinas de ciclo combinado. En ese esquema, el sector público retuvo el control mayoritario y las generadoras privadas quedaron como socias minoritarias. Los fideicomisos que administraban las plantas de Campana y Timbúes vencieron el 1° de junio, lo que habilitó el proceso de privatización.
La tercera central incluida en el plan es la Guillermo Brown. Su fideicomiso vence el 30 de septiembre, por lo que Enarsa deberá adquirir formalmente al menos el 70% de las acciones antes de licitarla a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Esta operación se suma a otras dos ventas de activos energéticos realizadas por la actual gestión: la participación en Transener, que reportó US$ 356 millones, y las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue, que generaron US$ 707 millones.
Condiciones de la licitación
Los pliegos de la licitación aún no están definidos en su totalidad. Las empresas privadas que ya operan dentro de las plantas —como Pampa Energía, Central Puerto y AES— cuentan con un derecho de preferencia establecido en los estatutos, que les permite igualar o mejorar cualquier oferta externa para quedarse con el control.
Asimismo, resta definir si el Gobierno incluirá una cláusula que excluya a empresas extranjeras de capital estatal, medida que ya se aplicó en otras obras del sector. Los interesados también deberán evaluar la rentabilidad futura de las centrales tras los cambios en las reglas de pago del mercado eléctrico.
El decreto no incluye un programa de propiedad participada para los empleados de las usinas, a diferencia de las privatizaciones de la década de 1990.