Un juez federal en Mobile suspendió tres políticas del Departamento de Seguridad Nacional que permitían detener a trabajadores sin orden judicial y retenerlos pese a mostrar documentación de residencia legal.
Un juez federal en Mobile, Alabama, emitió una orden que suspende tres políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionadas con operativos migratorios en obras de construcción. La medida exige la liberación inmediata de cualquier trabajador que presente documentación que acredite su presencia legal en Estados Unidos, como una Real ID, y prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar redadas sin orden de registro en sitios de trabajo.
La decisión judicial surge a partir de una demanda presentada por el ciudadano estadounidense Leo García Venegas, trabajador de la construcción en el condado de Baldwin, quien solicitó representar a otros trabajadores en una acción colectiva. El caso cuenta con el patrocinio del Institute for Justice (IJ).
Alcance del fallo
La orden suspende temporalmente tres políticas específicas del DHS mientras continúa el proceso legal:
- Política de retención tras mostrar documentación: permitía mantener detenidos a los trabajadores después de que exhibieran pruebas de ciudadanía o residencia legal.
- Política de entrada sin orden judicial (Warrantless Entry Policy): autorizaba a los agentes de inmigración a realizar redadas e ingresar a terrenos o construcciones privadas sin orden judicial ni consentimiento de los propietarios o encargados.
- Política de detención preventiva (Preemptive Detention Policy): permitía a los agentes detener de manera colectiva o preventiva a trabajadores de una obra sin una sospecha particularizada e individual sobre su estatus migratorio.
El caso de Leo García Venegas
García Venegas fue detenido en tres ocasiones desde la primavera de 2025, según consta en la demanda. En mayo y junio de 2025, agentes ingresaron sin orden a los sitios de trabajo privados donde trabajaba e ignoraron su identificación. En mayo de 2026, los agentes lo siguieron hasta su casa, lo abordaron en la entrada de su vehículo, lo redujeron, esposaron y encerraron en una patrulla mientras intentaba mostrarles su Real ID, de acuerdo con el relato del trabajador al IJ.
«Por primera vez en mucho tiempo, podré ir a trabajar sin preocuparme de que me arresten sin motivo. Los estadounidenses no pueden ser detenidos y retenidos por la policía cuando no están haciendo nada malo», declaró García Venegas.
Posturas de las partes
Jared McClain, abogado principal del IJ, afirmó: «Al dejar sin efecto esas políticas inconstitucionales, el tribunal ha restablecido el estado de derecho. Los trabajadores de la construcción, como Leo, por fin podrán volver a trabajar en paz».
Durante las audiencias, representantes del DHS defendieron la legalidad de las detenciones migratorias. Un funcionario testificó que los agentes no consideran la Real ID como una prueba confiable de presencia legal, a pesar de que el propio DHS administra el marco regulatorio del REAL ID Act. Asimismo, el DHS argumentó que trata las obras de construcción como «campos abiertos» a los que puede ingresar sin justificación.
Acciones legales en curso
Tras el fallo preliminar, García Venegas presentó notificaciones de intención de demandar a las agencias federales involucradas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), las cuales se sumarán al caso principal.