El martes se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para escuchar la opinión de invitados sobre el proyecto de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo. La oposición dialoguista solicita que se trate la ficha limpia.
El Senado retomará este martes el debate en comisión del proyecto de ley de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo a fines de abril. La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), y tendrá carácter informativo, con la participación de especialistas invitados.
El debate había quedado desactivado en mayo pasado debido a la negativa de sectores de la oposición dialoguista (UCR y Pro) a eliminar las elecciones primarias (PASO). El Gobierno y sus 21 senadores propios no alcanzan los 37 votos necesarios para aprobar una reforma electoral, y el PJ se opone en su totalidad a la derogación de las PASO.
En este contexto, un sector de la oposición reclama la aprobación de un proyecto de ficha limpia, que prohíbe la candidatura a cargos nacionales de personas condenadas en segunda instancia judicial. La intención del oficialismo es realizar reuniones informativas mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca los votos para destrabar el debate por las PASO.
El proyecto de ley de Reforma Electoral Integral consta de 79 artículos estructurados en siete títulos principales. Entre sus modificaciones centrales se incluyen la derogación de las PASO y la aplicación de la ficha limpia para cargos electivos, puestos en el Poder Ejecutivo y en la Administración Pública.
La iniciativa también establece nuevas condiciones para la creación de partidos de distrito: las agrupaciones nuevas deberán reunir en un plazo de 180 días corridos afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón local. Durante ese proceso, se consideran partidos en formación, no pueden presentar candidaturas ni recibir aportes públicos.
Para obtener personería como partido de orden nacional, una fuerza política deberá contar con reconocimiento definitivo en al menos 10 distritos (actualmente se exigen cinco) y sumar afiliados que representen el 0,1% del Registro Nacional de Electores, manteniendo esta presencia territorial de forma permanente.
El texto también fija causales de caducidad automática de la personería jurídica: no alcanzar el 3% del padrón electoral en al menos una de dos elecciones nacionales consecutivas, la inasistencia a dos comicios nacionales sucesivos, la falta de elecciones internas de autoridades durante cuatro años y la violación de la paridad de género en los órganos partidarios.
En cuanto a la ficha limpia, el proyecto inhabilita a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, así como a imputados o condenados por genocidio o crímenes de lesa humanidad. Se crea un Registro Público de Ficha Limpia en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral y se establece que la interposición de recursos judiciales no suspenderá la inelegibilidad.
Además, se incorpora la boleta única de papel (BUP) en el Código Electoral Nacional para todos los comicios nacionales, con casilleros específicos para el voto individual por categoría y un casillero para el voto por lista completa. Este punto es rechazado por fuerzas provinciales.
Respecto al proceso electoral, la campaña iniciará 60 días antes de los comicios y finalizará 48 horas antes, prohibiendo actos de gobierno que promuevan el voto durante los 25 días previos.
En financiamiento público, se reestructura el Fondo Partidario Permanente (ley 26.215), permitiendo que el aporte ordinario anual se utilice para financiar campañas electorales, además de desenvolvimiento institucional y capacitación (con al menos 10% obligatorio). Se eliminan los aportes públicos extraordinarios para cada contienda electoral.
En financiamiento privado, se fija un límite de aportes por persona humana o jurídica del 35% del módulo electoral por elector registrado, y se mantiene la prohibición de recibir donaciones de contratistas del Estado, concesionarios, empresas de juegos de azar, sindicatos o personas procesadas o condenadas por delitos graves como lavado de dinero o corrupción.