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domingo, 30 agosto, 2026

La distribución de bancas en Diputados: un desajuste de 43 años con la Constitución

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El reparto de escaños en la Cámara de Diputados de la Nación se mantiene congelado desde 1983, lo que genera una desigualdad en el valor del voto entre distritos. Según datos de la Cámara Nacional Electoral, un ciudadano de Tierra del Fuego necesita 38.000 votos para elegir un diputado, mientras que uno de la provincia de Buenos Aires requiere 250.000.

La Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados debe integrarse en proporción a la población de cada distrito, según los censos nacionales. Sin embargo, desde 1983 no se actualiza la distribución de bancas, y un decreto de la dictadura militar, firmado por Reynaldo Bignone, sigue vigente.

El artículo 45 de la Constitución fija que la representación debe ajustarse a los resultados censales. El último censo, de 2022, indica que la provincia de Buenos Aires concentra el 38% de la población del país, pero ostenta el 27% de las bancas en Diputados. En contraste, Tierra del Fuego, con una población menor, tiene una representación desproporcionadamente alta.

Según cálculos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), en Tierra del Fuego se requieren 38.000 votos para obtener una banca, mientras que en la provincia de Buenos Aires se necesitan 250.000, es decir, un 650% más. También se observa una diferencia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires: el voto de un porteño pesa el doble que el de un bonaerense.

El decreto ley 22.487, del 12 de julio de 1983, estableció que se elegiría un diputado por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. Además, fijó un mínimo de cinco diputados por provincia, independientemente de su población, y dispuso que ninguna jurisdicción podría tener menos representantes que el 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe de Estado.

Este fenómeno, conocido en ciencias políticas como “malapportionment”, se refiere a la desproporción en la asignación de escaños. En Argentina, las provincias más pobladas —Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta y Misiones— están subrepresentadas, mientras que las menos pobladas —Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, La Rioja y San Luis— están sobrerrepresentadas.

En 2018, la Cámara Nacional Electoral emitió un fallo que exigió al Congreso cumplir con el mandato constitucional de actualizar la distribución de bancas. El dictamen señaló que la Cámara de Diputados debe ser un “mapa político del país” y que la falta de actualización genera una “geometría electoral pasiva”, que afecta la igualdad del voto.

Existen varios proyectos legislativos para modificar la situación. La exdiputada Margarita Stolbizer propuso un diputado cada 140.000 habitantes y un mínimo de cuatro por provincia, lo que llevaría la Cámara a 334 miembros. El diputado Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, planteó mantener 257 bancas pero reducir el piso a tres y fijar un máximo de 80 por distrito. La exdiputada Carla Carrizo sugirió elevar a 290 bancas, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, propuso 323.

El exdirector nacional electoral Alejandro Tullio señaló que ajustar la base a 165.000 habitantes por banca resultaría en una Cámara de 297 miembros, con mejoras para siete distritos y reducciones para cuatro. El politólogo Juan Manuel Abal Medina consideró que aumentar la Cámara a 350 o 400 miembros podría moderar el desajuste, aunque admitió que es poco realista en el contexto actual.

El juez electoral Alejo Ramos Padilla, en una columna para Noticias Argentinas, indicó que aplicar la fórmula de 1983 a la población actual implicaría una Cámara de 359 miembros, y si se mantiene el piso histórico de 1976, el total ascendería a 362. La jurista María Angélica Gelli calificó la ley de Bignone como inconstitucional, ya que distorsiona la relación entre representantes y habitantes.

El debate sobre la distribución de bancas sigue pendiente, y las negociaciones políticas han impedido hasta ahora una reforma. En el proyecto de Ley Bases, se incluyó un artículo que elevaba el piso a 180.000 votos, pero fue descartado. La falta de acuerdo entre los distritos y el posible costo político de una ampliación de la Cámara son algunos de los obstáculos señalados por los especialistas.

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