El ministro de Salud, Mario Lugones, acumula frentes abiertos por la causa del fentanilo contaminado y el paro de prestadores del PAMI. Mientras circulan versiones sobre su posible renuncia, el oficialismo las rechaza.
El ministro de Salud, Mario Lugones, enfrenta un escenario de presión por dos frentes: la investigación por la comercialización de fentanilo contaminado y la crisis en el PAMI que derivó en un paro de prestadores privados en varias provincias.
En los últimos días, se instalaron versiones sobre una posible renuncia del funcionario. Según trascendió, su hijo Rodrigo Lugones, vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, le habría sugerido dar un paso al costado. Fuentes del oficialismo consultadas por PERFIL rechazaron esos rumores y afirmaron que “Lugones sigue”.
El caso del fentanilo contaminado, elaborado por Laboratorios Ramallo y comercializado por HLB Pharma Group, causó cientos de muertes en 2025. Por esa causa, fueron separadas de sus cargos Agustina Nélida Bisio, de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumadó, del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas se encuentran detenidas y continúan el proceso en libertad tras pagar una caución de 75 millones de pesos cada una.
En su descargo ante el juzgado de La Plata, Bisio sostuvo que no tuvo la misma responsabilidad que Fumadó en el control de laboratorios. “La pregunta correcta, en cada episodio, pasa por conocer qué información llegó efectivamente a mí, por qué circuito, con qué grado de elaboración técnica y qué medida concreta estaba, entonces, en condiciones de adoptar”, explicó. También señaló que su tarea se centró en la revisión documental de prospectos de medicamentos e investigación en farmacología clínica.
Desde el oficialismo indicaron que se realizaron las acciones correspondientes cuando estalló el caso y que trabajan en cambios en la ANMAT y el INAME para evitar hechos similares.
En paralelo, el PAMI enfrenta un conflicto con prestadores privados que suspendieron la atención en 100 clínicas, sanatorios y hospitales del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza. La medida se extendió desde el jueves hasta el viernes pasado. Las entidades del sector reclaman una actualización de aranceles y la regularización de la mora en los pagos. Según advirtieron, el atraso acumulado frente a la inflación afecta las finanzas de las instituciones y pone en riesgo la continuidad de los servicios.
Esta acción se sumó a una medida similar realizada el lunes anterior en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Las empresas prestadoras informaron que solo se garantizó la asistencia de emergencias consideradas de máxima gravedad.