El exfiscal Carlos Ferrer, quien investigó al exgobernador de Córdoba Eduardo César Angeloz, detalló el procedimiento para detectar enriquecimiento ilícito y las dificultades en estas causas.
El exfiscal Carlos Ferrer, que investigó al exgobernador de Córdoba Eduardo César Angeloz por enriquecimiento ilícito, explicó cómo se inician y sostienen este tipo de causas judiciales. Señaló que el punto de partida suele ser una diferencia entre lo que un funcionario declara y el patrimonio que exhibe.
Ferrer, en diálogo con Punto a Punto Radio 90.7, indicó que las declaraciones juradas patrimoniales son el documento central para contrastar la versión oficial con la realidad. «Muchas veces lo que se declara ahí es una formalidad que no tiene ningún asidero representativo de la realidad», afirmó.
El exfiscal detalló que es habitual encontrar valuaciones alejadas del mercado. «Se cotizan bienes con valores inimaginados, o sea, ridículos incluso, donde se ponen precios o montos de grandes inversiones inmobiliarias o de vehículos, con valores que no tienen ningún tipo de relación o correlación con lo que son en el mercado de la realidad», sostuvo.
Para Ferrer, ese tipo de discrepancias no puede ser aceptado sin más por el sistema judicial. «Si nos atenemos al hecho de que se haya declarado un monto en una declaración jurada y el bien tenga otro valor en la realidad, no es dable de aceptar», señaló.
Cómo arranca una investigación
El exfiscal remarcó que cualquier fiscal con competencia puede abrir una causa apenas detecta una declaración jurada «ridícula por lo exiguo» frente al patrimonio real. Explicó que este tipo de investigaciones no siempre nace de una denuncia formal.
El entrevistado advirtió que este tipo de causas suele quedar expuesto a cuestionamientos políticos. «Siempre se las tiñe de color político que no necesariamente es tal», indicó.
«Son justificaciones o pretendidas justificaciones que ofenden la inteligencia, tanto de la sociedad como de los jueces», afirmó Ferrer, en referencia a argumentos como hallazgos de dinero en criptomonedas o en un pendrive olvidado.
El exfiscal comparó ese tipo de explicaciones con un caso que le tocó investigar, en el que un supuesto préstamo se justificó con un documento manuscrito emitido en Uruguay. «Estamos absolutamente en claro que esos intentos por tratar de explicar lo inexplicable no son creíbles. El problema es que a veces la justicia termina aceptándolos, ese es el tema», sostuvo.
Ferrer vinculó el debate patrimonial de los funcionarios con el momento económico que atraviesan las familias. «Hay funcionarios que incrementan notablemente su patrimonio, que tienen niveles de vida y de gastos que no se corresponden con los ingresos», señaló.
Para el exfiscal, ese contraste agrava la responsabilidad de la Justicia. «Terminar dándole crédito o verosimilitud a ese tipo de argumentos es una ofensa no solamente a la inteligencia de los jueces, sino de todas las personas», concluyó.