En un panel del Congreso de Aapresid, representantes del Gobierno, semilleras y productores coincidieron en que las diferencias se redujeron para actualizar la normativa vigente desde 1973. Persisten desacuerdos sobre el uso propio y la adhesión a UPOV 91.
ROSARIO.- Representantes del Gobierno, la industria semillera y las entidades del campo coincidieron en que las posiciones para reformar el sistema de semillas están más cerca que al inicio de las negociaciones. La señal se dio en un panel del Congreso de Aapresid, donde los participantes destacaron los avances del diálogo y reconocieron que aún quedan diferencias por resolver.
El panel reunió a Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase); Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA); Pablo Ginestet, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y referente de la Comisión de Agricultura de CRA, y Marcelo Torres, presidente de Aapresid. La moderación estuvo a cargo de Ignacio Garciarena, secretario de la Fundación Barbechando.
Los cuatro coincidieron en que la ley de semillas de 1973 está desactualizada. Famulari señaló: “Hoy tenemos una ley del año 1973 que quedó vieja, que no nos permite evolucionar en casi ninguno de los aspectos”. Explicó que actualmente alcanza con acreditar el origen legal de una semilla para multiplicarla “hasta el infinito en tiempo y en cantidad” y sostuvo que es necesario avanzar hacia “un lugar moderno, más adaptado a lo que es el mundo”.
Paseyro compartió el diagnóstico y recordó que la Argentina fue pionera con esa legislación. “Lo que necesitamos es volver a recuperar ese protagonismo que tuvimos hace 50 años”, afirmó.
Famulari destacó el cambio en el clima de las conversaciones: “La primera reunión que tuvimos, la producción dijo: ‘Tenemos que pagar’. Nunca había pasado que la producción sola, por voluntad propia, entendiera que hay que pagar por uso propio”. También resumió la evolución del proceso: “Al principio estábamos enfrente, nos ladrábamos y hoy cambió un montón la cosa. Creo que lo vamos a lograr”.
Ginestet sostuvo que el objetivo es construir un sistema que dé previsibilidad a quienes producen y utilizan semillas, y que el desafío es definir claramente los derechos del obtentor y del productor. “Yo creo que nos vamos a terminar poniendo de acuerdo. No estamos tan lejos”, aseguró.
Torres recordó que las primeras reuniones fueron solo entre entidades de productores y luego se incorporaron todos los actores de la cadena. “Teniendo buenas conversaciones, sería poco probable que no lleguemos a un acuerdo”, afirmó.
Uno de los temas con mayores diferencias es el uso propio de semillas. El eje ya no pasó por si esa práctica debe existir, sino por definir en qué casos corresponde pagar por el uso de la genética. Paseyro sostuvo: “El uso propio es una práctica. El productor lo hace y eso no va a desaparecer nunca”. Torres mencionó el concepto de “uso propio incremental”: cuando un productor amplía la superficie sembrada con la misma genética, “no hay mucha discusión: hay que pagarla”. Agregó que resta definir cómo se implementará ese esquema.
Ginestet mencionó otros temas pendientes: el alcance del derecho del obtentor, las variedades esencialmente derivadas, la incorporación de la biotecnología y las patentes. “Hay veces que es más de práctica, de cómo lo podemos llevar adelante. El diálogo está abierto y la mente abierta para tratar de resolver todo esto”, afirmó.
En relación a UPOV 91, Famulari recordó que el Gobierno se comprometió a enviar la adhesión al Congreso, aunque aclaró que lo importante será la reglamentación. Desde ASA respaldaron ese camino y señalaron que daría previsibilidad a las inversiones y facilitaría la llegada de nuevos materiales genéticos.
Ginestet planteó que la discusión no debería limitarse a elegir entre UPOV 78 y UPOV 91. “Yo digo que hagamos un UPOV 2026”, afirmó. Explicó que desde 1991 aparecieron herramientas como la edición génica y nuevos desarrollos biotecnológicos que deberían contemplarse. También defendió que el resultado quede plasmado en una ley y no en una resolución administrativa. “No creo que tenga que ser UPOV 78, UPOV 91 o nada. Tenemos que ser capaces de encontrar algo intermedio”, sostuvo.