La abogada María Carolina Restrepo fue nombrada directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Su designación reavivó el debate sobre sus declaraciones previas acerca del tratamiento penal de menores infractores.
El 29 de julio, María Carolina Restrepo fue designada como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por el presidente electo Abelardo de la Espriella.
Restrepo, abogada bogotana con experiencia en derecho empresarial, fiscal y tributario, formó parte del equipo de empalme del nuevo gobierno y fue jefa de debate en la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Aunque su nombre sonó para el Ministerio de Hacienda, De la Espriella indicó que tendrá que asumir el reto de transformar el Icbf.
Entre los objetivos de su gestión están garantizar una contratación transparente, establecer controles rigurosos, fortalecer el trabajo de las madres comunitarias, agilizar los procesos de adopción y asegurar la protección integral de la infancia.
Tras el anuncio, Restrepo expresó su compromiso de trabajar sin descanso por la niñez de Colombia y señaló que asume la misión con el corazón, convencida de que en cada niño reside la esperanza del país.
En redes sociales se difundió una publicación que Restrepo realizó el 27 de agosto de 2025 en la plataforma X, después de que se confirmó la sanción que recibió el menor que asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En ese texto, Restrepo afirmó: “Sé que me van a caer rayos y centellas, pero lo digo y me reafirmo: esto tiene que cambiar. Yo no estoy aquí para agradar. Estoy para decir lo que es. Los adolescentes de hoy no son los de hace 30 años. Con 14 o 15 años, muchos ya han probado drogas, armas, violencia. Algunos incluso ya se sienten hastiados de la vida porque lo han probado todo. No son niños. No son preadolescentes. Son jóvenes con plena conciencia de sus actos”.
Restrepo indicó que los jóvenes que reclaman ser tratados como adultos también deben ser castigados como mayores de edad cuando cometan delitos. “Hoy los grupos criminales saben que el sistema los protege y por eso usan menores como carne de cañón. El mensaje es devastador: matar a un senador y precandidato presidencial cuesta apenas 84 meses. Ni la vida de Miguel Uribe Turbay ni el dolor de su familia se equiparan con semejante sanción simbólica”.
Finalmente, sostuvo que un cambio drástico debería incluir condenas severas para jóvenes después de los 14 años: “El mundo cambió, la sociedad cambió. Nuestra ley de menores se quedó en el siglo pasado. Entre los 14 y los 18 años no estamos hablando de niños: estamos hablando de jóvenes que deben responder como adultos porque lo son. Es más: ellos quieren serlo y quieren ser tratados como tales. Entonces, que asuman las consecuencias”.
En Colombia, los menores de 18 años no son condenados penalmente porque la ley los considera sujetos en desarrollo y prioriza su protección y reintegración social. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establece sanciones socioeducativas, no penas de prisión como en los adultos. Estas medidas buscan responsabilizar al adolescente por sus actos, pero con un enfoque restaurativo, educativo y de prevención, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución.