Dos empleados del organismo recaudador declararon sobre informes que detallan operaciones financieras de empresas vinculadas a la causa. La semana próxima está citado el exdirector de Vialidad Javier Iguacel.
Con las declaraciones de dos contadores que trabajaron en la AFIP, el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas incorporó información sobre movimientos de dinero de empresas investigadas. Los testimonios apuntaron a determinar si parte de esos fondos pudo haber llegado a funcionarios del kirchnerismo.
El supervisor Fernando Lerendegui y la inspectora Candela Marcellini declararon sobre informes elaborados a pedido de la Justicia. Los informes se refieren a la empresa Metrovías y a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por IECSA SA —vinculada a Angelo Calcaterra— y JCR SA, de Juan Carlos Relats, para una obra sobre la ruta 9.
Lerendegui mencionó una facturación superior a los 11 millones de pesos de Metrovías asociada a dos proveedores incluidos en una base de contribuyentes sospechosos. Marcellini, investigadora en el área de grandes contribuyentes, expuso operaciones de empresas ligadas a Calcaterra. Entre ellas, la compra de 600.000 dólares por parte de IECSA en junio de 2009, retirados por ventanilla por Juan Carlos Palacios, sin registro posterior como tenencia al cierre del ejercicio. También señaló una operación similar de Creaurban SA —vinculada a Calcaterra y Santiago Ramón Altieri— por 380.000 dólares, también retirados por Palacios.
Otra operación resultó relevante por su posible coincidencia con el mecanismo descripto por el empresario arrepentido Carlos Wagner. Wagner declaró que IECSA participaba de un sistema de reparto de obras y que la empresa adjudicataria debía entregar entre el 10% y el 20% del valor de la obra a funcionarios. El contador Ernesto Clarens explicó que, cuando el adelanto financiero equivalía al 20% del contrato, se reclamaba la mitad de ese anticipo, es decir, el 10% del valor total.
En una de las obras analizadas, la UTE integrada por IECSA cobró en octubre de 2008 un primer anticipo de 109.179.942 pesos. Durante los dos meses siguientes, la UTE compró 3 millones de dólares —equivalentes entonces a 10.240.000 pesos—, aproximadamente el 10% de ese anticipo. Los dólares fueron retirados en efectivo de la casa de cambio Transcambio y no quedaron registrados como tenencia de la empresa.
Los datos aportados por los empleados de la AFIP buscan corroborar la existencia de un circuito de dinero desde empresas constructoras que obtenían contratos durante el gobierno kirchnerista hacia el pago de coimas a funcionarios. Durante este tramo del juicio, los contadores expusieron maniobras como cobros de cheques correlativos para eludir controles del Banco Central, retiros de efectivo no reflejados en la contabilidad y facturaciones a proveedores en bases de contribuyentes sospechosos.
La semana próxima comenzarán a declarar exfuncionarios, entre ellos Javier Iguacel, quien fue Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad durante el macrismo.