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viernes, 17 julio, 2026

La UE debatirá una nueva reforma sobre el mercado del carbono en busca de un equilibrio entre gobiernos y activistas

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La Unión Europea presentará este viernes una reforma al Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) en un contexto de tensiones entre gobiernos, industrias y activistas climáticos, con el objetivo de ajustar el equilibrio entre el impulso industrial y los compromisos ambientales.

La reforma al mercado de carbono que la Unión Europea presentará este viernes se da en un contexto de tensiones entre gobiernos, industrias y activistas climáticos. Las modificaciones al Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) buscan ajustar el equilibrio entre el impulso industrial y los compromisos ambientales, en un momento en que los precios de la energía se dispararon tras la guerra entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente y las olas de calor excepcionales que afectan a Europa.

El debate sobre el ETS se ha convertido en un punto crítico dentro del bloque, enfrentando a economías con altas emisiones como Italia, Polonia y la República Checa, con defensores del sistema como España y los países escandinavos. Bruselas intenta suavizar la transición: la Comisión Europea se inclina por ofrecer a las empresas mayor flexibilidad si se comprometen de forma tangible con la descarbonización a largo plazo.

En la práctica, esto podría suponer una extensión de las ayudas gratuitas a la industria más allá de 2034, siempre que las compañías mantengan una hoja de ruta clara hacia menores emisiones. La Comisión también presionará para que los países destinen los ingresos generados por el ETS a la reconversión industrial, un aspecto donde el desempeño de los Estados varía mucho.

En paralelo, la UE planea establecer un objetivo para 2040: aumentar el peso de la electricidad renovable frente a los combustibles fósiles, en un entorno donde la electricidad solo constituye el 23% del consumo energético final del bloque.

El Sistema de Comercio de Emisiones, en funcionamiento desde 2005, obliga a los grandes contaminadores, como la siderurgia, el cemento y la industria química, a pagar por cada tonelada de gases de efecto invernadero que emiten. Actualmente, el precio de una tonelada de dióxido de carbono ronda los 80 euros (91 USD), con un límite de permisos que disminuye año tras año.

El núcleo del debate es si la UE debe suavizar las obligaciones ambientales para proteger a su industria frente a la competencia global y la volatilidad energética, o mantener el ritmo de sus metas climáticas pese a la presión de sectores industriales. Las nuevas propuestas buscan una salida intermedia: mayor margen para las empresas a cambio de compromisos firmes de descarbonización, y posibles extensiones de las ayudas más allá del calendario original.

La reforma también plantea si el ETS debe ampliarse para incluir el sector de residuos y los vuelos internacionales que parten del bloque, una medida que enfrenta la oposición de las aerolíneas. Además, persisten dudas sobre el papel de la tecnología de captura de carbono y la posibilidad de que las empresas compren créditos de programas ajenos a la UE para contabilizar reducciones en sus emisiones.

Sectores industriales, especialmente el químico alemán, criticaron el ETS, al que acusan de encarecer la electricidad y de ser un símbolo de la burocracia europea. El reclamo es que el sistema necesita una reforma profunda para no afectar la competitividad.

Neil Makaroff, del centro de estudios Strategic Perspectives, sostuvo en diálogo con AFP que “a menudo son los sectores que han invertido muy poco” en la transición ecológica quienes más critican el ETS. Según Makaroff, “otras empresas optaron por invertir fuertemente en Europa en la descarbonización y la electrificación, en sectores como el acero, el cemento y el vidrio”. Para estas compañías pioneras, “dar marcha atrás significaría perder su ventaja de ser pioneros”, afirmó Makaroff.

Una de las consecuencias más visibles de las negociaciones es el retraso de “ETS 2”, la extensión del sistema al transporte por carretera y la calefacción de edificios. Originalmente prevista para 2027, su implementación se ha pospuesto a 2028 por presión de países como Polonia y Hungría.

(Con información de AFP)

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