La Cámara Federal de Córdoba confirmó la prisión preventiva para cuatro detenidos en la causa por el crimen de Santiago Aguilera, el joven hallado muerto el 21 de agosto de 2022 en Villa Dolores.
La Cámara Federal de Córdoba confirmó la prisión preventiva para Lucas Ramón “Tití” Flores, Matías Nahuel “Mini” Castro y Reinaldo Rubén “Zurdo” Rejas, acusados como coautores del secuestro extorsivo triplemente agravado de Santiago Aguilera Allende. La acusación también incluye cargos de robo, ya que los agresores despojaron a la víctima de su teléfono celular, billetera y DNI.
El tribunal ratificó los embargos de 30 millones de pesos sobre los bienes de Flores, Castro y Rejas. La imputación, a cargo de los fiscales Maximiliano Hairabedian y María Schianni, sostiene que los procesados integraron una estructura organizada para ejecutar el secuestro y posterior asesinato.
Según la investigación, la fase operativa se coordinó presencialmente en un taller mecánico de Villa Dolores, administrado por Rejas y su hijo Lucas, para evitar registros telefónicos. La entrega de la víctima ocurrió en la zona de Piedra Pintada la noche del 16 de agosto de 2022.
El cruce de sábanas telefónicas y registros de telefonía móvil vinculó las líneas de Flores, Castro y Rejas con los lugares de captación del joven y con el sitio del hallazgo de su cadáver. Santiago Aguilera Allende fue asesinado a golpes y puñaladas en el tórax y el cráneo.
La Cámara rechazó los planteos y sostuvo que existen elementos de convicción e indicios suficientes para sostener la existencia material de los hechos y la participación penalmente responsable de los acusados. El tribunal convalidó la prisión preventiva como medida cautelar por riesgos procesales y de entorpecimiento.
Santiago Aguilera Allende, de 18 años y oriundo de Villa Dolores, Córdoba, fue secuestrado tras intercambiar mensajes con Walter Ezequiel Gil, empleado de la familia, quien confesó su participación durante el juicio. El secuestro se produjo después de una cita pactada mediante mensajes.
Durante los días posteriores, la madre de la víctima recibió mensajes extorsivos con la exigencia de 7 millones de pesos a cambio de la vida del joven. La familia aguardó una nueva comunicación que nunca se produjo. El cuerpo fue hallado en un descampado en la zona de Traslasierra, Córdoba.
El informe forense indicó múltiples perforaciones en la mano de la víctima, producidas con un objeto punzante, y heridas de arma blanca en el tórax. Los especialistas y el abogado querellante interpretaron estos hallazgos como señales de que la víctima fue sometida a castigos y torturas durante su cautiverio.
La Fiscalía solicitó prisión perpetua para Walter Ezequiel Gil, principal acusado. Además de Flores, Castro y Rejas, fueron procesados Carlos Eduardo Hualpa, Pedro Ezequiel González, Marcos Antonio “Markitos” Maldonado, Jorge Alejandro Altamirano y Lucas Emanuel Rejas por distintos grados de participación.
Julio César “Kury” Ramírez fue inicialmente condenado a 12 años de prisión como supuesto partícipe, pero la Cámara Federal de Casación Penal revisó su caso, lo absolvió y ordenó su libertad por falta de pruebas técnicas fiables que lo vincularan materialmente con el crimen.
Tras el desarrollo del juicio, Mónica Lucía Allende, madre de la víctima, presentó una denuncia penal contra el fiscal federal Enrique Senestrari, acusándolo de no haber tratado el caso como un secuestro extorsivo y de que la falta de acción oportuna impidió hallar con vida a la víctima. El pedido incluyó la remoción del fiscal y fue acompañado de una solicitud formal para que la Justicia provincial se hiciera cargo de la investigación.