Entre marzo y julio de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro notificó el retiro de 326 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, cifra que diversos expertos consideran inusualmente alta para ese periodo.
El Gobierno de Gustavo Petro notificó el retiro de 326 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional entre marzo y julio de 2026, una cifra que diversos expertos consideran inusualmente alta para ese periodo.
Las resoluciones, expedidas por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, incluyen a mandos de alto nivel y cuadros operativos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de la política de personal en las Fuerzas Armadas durante la recta final del actual mandato, según informó El Colombiano.
Cifras y contexto de los retiros
De acuerdo con documentos oficiales revisados por el medio, 153 de los militares retirados son oficiales, entre ellos 24 coroneles, 50 tenientes coroneles y 70 mayores, junto a otros rangos de mando medio y subalterno. Además, 173 suboficiales fueron apartados del servicio activo en el mismo periodo, principalmente sargentos viceprimeros responsables de funciones tácticas y de instrucción en el territorio.
Las cifras superan el promedio anual de retiros en la institución, que según expertos suele ubicarse entre 80 y 150 oficiales. “La salida de este personal es problemática, muchos son los comandantes de los pelotones, y quienes aplican directamente las tácticas en el campo de batalla”, señaló uno de los oficiales entrevistados por el periódico.
Modalidad y justificación de los retiros
De los 326 casos, 304 militares fueron llamados a calificar servicios bajo la figura de potestad discrecional, lo que implica que el Estado no está obligado a detallar públicamente los motivos de la desvinculación. El resto corresponde a retiros por solicitud propia o por causas disciplinarias específicas.
Entre los oficiales notificados figuran Héctor Cely Torres, quien lideró la Fuerza de Tarea Marte en Bolívar; Donny Preciado Sierra, excomandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº4 en Cauca; Óscar Moreno Gómez, excomandante de la Fudra N°8 en Arauca; Fever Martínez Garzón, excomandante de la Fudra N°10 en Guaviare; y Wilson Velandia Serrano, excomandante de la Fudra N°7 en el Bajo Cauca. Estos uniformados estuvieron al frente de unidades responsables de operaciones contra estructuras armadas ilegales.
En el caso de los suboficiales, responsables de la ejecución de misiones operacionales, logísticas y administrativas, 173 dejaron el servicio activo durante ese mismo periodo. La mayor parte correspondía al grado de sargento viceprimero (151), personal con funciones de instrucción militar y liderazgo de tropas en diferentes regiones del país.
Uno de los oficiales consultados advirtió que la salida de este personal representa un desafío para la institución, ya que muchos ejercían como comandantes de pelotón y eran quienes dirigían la aplicación de las tácticas en el terreno. “Son los que dan la pelea”, afirmó.
El grupo de retiros también incluyó 13 soldados profesionales, cuatro sargentos segundos, cuatro cabos primeros y un cabo tercero.
Señalamientos y dudas sobre el proceso
El abogado Enoc Salcedo Ruiz, representante de varios oficiales afectados, indicó que han identificado presuntas irregularidades en la forma en que se aplica la potestad discrecional. Según sus declaraciones, “Un patrón que observamos es que se llama al retiro al personal que dirige y participa en las operaciones contra los grupos armados ilegales. El Gobierno trata de enmascararlo en un discurso de lucha contra la corrupción en las Fuerzas Militares, pero es extraño que a las personas que salen no les abren un expediente penal o disciplinario por corrupción”.
Sebastián Márquez de Tejada, asesor jurídico de otros oficiales, explicó que el Ministerio de Defensa demoró la expedición del Decreto Planta correspondiente a 2026, lo que podría afectar la validez legal de algunos retiros realizados en los primeros meses del año. Márquez también mencionó anomalías en las actas de la Junta Asesora, como ausencia de firmas y falta de quórum.
“Pero resulta que para 2026 el Gobierno se demoró más de la cuenta. Al mes de mayo no lo habían expedido, entonces los llamados a calificar servicio de febrero, marzo y abril se quedan sin ese sustento. Eso puede generarle demandas al Estado”, advirtió.
Algunos oficiales entrevistados por el medio señalaron que han recibido respuestas incompletas o con información reservada tras solicitar explicaciones formales por su inclusión en los listados de desvinculación. Entre las prácticas señaladas destacan la asignación recurrente a distintos cargos por periodos breves, la designación en unidades con exceso de oficiales y el retraso injustificado de ascensos.
Una oficial comentó al medio que “he mandado tutelas y derechos de petición, y el Ejército no ha sabido explicarme por qué mi nombre apareció en los listados de la Junta Asesora. Están en una cacería de brujas”.
Efectos en mandos operativos y formación
La lista de retirados incluye a mayores que finalizaron el Curso de Estado Mayor, requisito para el ascenso a teniente coronel. Según testimonios recogidos, la inversión estatal en estos cursos supera los 150 millones de pesos por cada oficial, incluyendo formación, salarios y pasantías en el exterior.
Algunos de los militares retirados participaron en operaciones de alto perfil, como el rescate de secuestrados por las FARC en 2010 o acciones contra cabecillas del Clan del Golfo y de disidencias armadas. Uno de los afectados señaló a El Colombiano que su salida podría estar relacionada con operaciones previas contra estructuras criminales.
Respuesta institucional y rotación en la Séptima División
Consultado por El Colombiano, el Ejército Nacional remitió a un comunicado oficial publicado el 6 de mayo, en el que afirma que “los procesos de retiro de oficiales, suboficiales y soldados profesionales no son arbitrarios ni repentinos. Se rigen por lo establecido en los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 y normas vigentes”, y que los procesos incluyen comités y evaluaciones periódicas.
Durante el actual gobierno, la Séptima División del Ejército, que opera en Antioquia, Córdoba y Sucre, ha tenido cinco comandantes distintos. En varios casos, los relevos se produjeron tras episodios operativos en zonas de alto riesgo o por denuncias internas, según fuentes citadas por El Colombiano.