La expresidenta cumple prisión domiciliaria desde junio de 2024. El proceso para recuperar bienes por 685.000 millones de pesos está paralizado por recursos judiciales.
Un año después de que Cristina Kirchner comenzara a cumplir condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el Estado no ha recuperado bienes vinculados a la causa Vialidad. La sentencia fue dictada por hallarla culpable de administración fraudulenta.
El 10 de junio de 2024, la exmandataria inició el cumplimiento de la pena en su domicilio del barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez en la historia democrática argentina que una expresidenta cumple una condena por delitos de corrupción.
El monto del perjuicio patrimonial fue calculado en 685.000 millones de pesos. La maniobra consistió en favorecer al empresario Lázaro Báez mediante licitaciones irregulares y sobreprecios en obra pública.
Desde noviembre de 2024, las defensas de Cristina Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y de otros condenados presentaron recursos para impedir o retrasar la ejecución del decomiso de 111 bienes muebles e inmuebles. Entre ellos figuran propiedades transferidas a los hijos en 2016.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que esos bienes son alcanzables por la medida y rechazó planteos extraordinarios. Sin embargo, una nueva queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene el proceso en suspenso.
Paralelamente, Cristina Kirchner solicitó beneficios para flexibilizar las condiciones del arresto domiciliario, como retirar la tobillera electrónica y ampliar el régimen de visitas. El tribunal oral federal rechazó el pedido y ratificó las condiciones vigentes. También advirtió que, de persistir actos de sus seguidores que afecten la convivencia en el barrio, podría revocarse la prisión domiciliaria y disponer el traslado a una cárcel común.
El dirigente Miguel Ángel Pichetto propuso impulsar desde el Congreso una anulación de la condena. La iniciativa no tiene antecedentes ni sustento jurídico, según fuentes judiciales consultadas.