El Ministerio de Capital Humano, rectores y gremios acordaron un aumento salarial y de fondos para becas y funcionamiento, en un intento por descomprimir el conflicto universitario.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, firmó este miércoles un acuerdo con rectores y representantes gremiales de las universidades nacionales para reforzar el presupuesto del sector. El convenio incluye un aumento salarial del 24,33% para el personal docente y no docente, compuesto por un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre, así como un incremento en los fondos destinados a becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento. El acuerdo fue alcanzado tras negociaciones lideradas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y contó con una partida de aproximadamente 800.000 millones de pesos del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.
En un comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calificó la actualización salarial y presupuestaria como «un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente», y ratificó que mantendrá la demanda judicial contra el Gobierno para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El acuerdo no incluyó como condición el retiro de dicha denuncia, aunque sí establece que las universidades deberán rendir los fondos asignados. Desde el Gobierno señalaron que «vamos a reforzar el área de fiscalización».
El conflicto universitario se originó el 23 de abril de 2024, cuando una masiva marcha rechazó el recorte presupuestario a las universidades. Posteriormente, el Congreso aprobó leyes para incrementar los fondos, que fueron vetadas por el presidente Javier Milei en dos ocasiones. Ambas cámaras legislativas rechazaron esos vetos, dejando firme la normativa. El acuerdo actual busca descomprimir la presión social y evitar un eventual fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia, que debe definir sobre la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas prevista en la ley de financiamiento universitario.
La discusión paritaria se reabrirá en septiembre, considerando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Rectores y gremios continuarán reclamando una recomposición salarial por el desfasaje de 2024. Según estimaciones oficiales, la aplicación de la ley de financiamiento universitario implicaría un desembolso de entre 2,5 y 3,6 billones de pesos, equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).