El diputado de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, solicitó abrir un debate parlamentario sobre la posibilidad de anular o modificar el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena de seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Buenos Aires, 10 de junio (NA).- El diputado de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, pidió abrir un debate en el Congreso sobre la posibilidad de anular o modificar el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena de seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de la ciudad de Buenos Aires.
Pichetto formuló estos conceptos al exponer en la comisión de Derechos Humanos y Garantía, presidida por el diputado Horacio Pietragalla, al cumplirse un año de la detención de la ex presidenta.
El ex jefe de bloque peronista del Senado afirmó que “hay facultades inherentes del Congreso, que puede, por razones de gravedad institucional, declarar la nulidad de un fallo de la Corte”. En ese sentido, señaló que “quiero plantear este tema como apertura de un análisis y de un debate más profundo sobre las atribuciones del Congreso frente a estas cuestiones” y mencionó como ejemplo la ley aprobada en Brasil que redujo la condena de Jair Bolsonaro.
“Todos saben mi posición pública respecto a la gravedad institucional que implica tener presa a una figura que fue presidenta de la Argentina en dos oportunidades y, en una tercera, vicepresidenta de la Nación”, declaró.
Pichetto, que ingresó al Congreso por Juntos por el Cambio en 2023, inició este año un acercamiento con el peronismo. Visitó a la ex mandataria en su domicilio y mantuvo reuniones con funcionarios del PJ con miras a conformar un frente contra La Libertad Avanza en 2027.
Destacó que “esto coloca siempre al sistema democrático en un plano de fragilidad y de alteración de principios centrales. Siempre consideré, además, que la conducta de un presidente debería ser evaluada en una instancia totalmente distinta al procedimiento común”.
Señaló que hubo “una alteración del debido proceso desde el inicio, tanto en la integración del tribunal, en la incorporación de un juez que venía de otro tribunal, como también en el rol que tuvo el fiscal Luciani. Luego, indudablemente, tratándose de la figura que era, deberían haberle abierto el recurso de casación”.
“El segundo tema, que también pone en tela de juicio la legitimidad del derecho de defensa, que es un tema central de todo proceso penal, tiene que ver con que el partido político que conduce la expresidenta había iniciado contra los jueces de la Corte un resonado juicio político, con diversas imputaciones a los integrantes del tribunal”, agregó.
Afirmó que “cuando llega el recurso de queja ante la Corte, quizás un accionar correcto, habiendo sido parte de un proceso político anterior, hubiera significado que los integrantes de la Corte se apartaran y se constituyera un tribunal ad hoc para juzgar la conducta de la expresidenta. Ahí está afectado otro de los temas centrales de todo proceso penal, que es el factor de la imparcialidad. Por lo menos, está en duda”.
Al cerrar su exposición, Pichetto advirtió que “lo que está en juego es la nulidad, la enorme lesión a la defensa en juicio; el no haber tenido un tribunal completo; el no haber tenido al juez natural desde el inicio; el no haber tenido al fiscal natural que le correspondía a la jurisdicción”.