La Asociación de Fiscales presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por los nombramientos en la Fiscalía General del Estado, que considera basados en afinidad ideológica. El recurso se apoya en la anulación de sentencias del Tribunal Supremo por parte del Tribunal Constitucional.
La Asociación de Fiscales (AF) presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la política de nombramientos de la Fiscalía General del Estado. La AF sostiene que dichos nombramientos se basan en criterios de afinidad ideológica y no en mérito y capacidad.
La demanda se produce luego de que el Tribunal Constitucional anulara sentencias del Tribunal Supremo que rechazaron el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala de Menores, cargo acordado por la exjefa de la Fiscalía Dolores Delgado. El Constitucional consideró que los fallos del Supremo vulneraron el derecho del recurrente a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, señaló: “Las sentencias del Tribunal Constitucional acogen un criterio de discrecionalidad máxima en los nombramientos de la Fiscalía, en el que la confianza y la afinidad ideológica pueden prevalecer sobre los principios de mérito y capacidad”. Añadió que el Constitucional “legitima un sistema de designaciones en el que la afinidad ideológica, cuidadosamente revestida de argumentación jurídica, puede imponerse sobre la especialización técnica exigida para el desempeño del cargo”.
La asociación advierte que esta doctrina trasciende el caso concreto y afecta al sistema institucional, al debilitar las garantías del ejercicio del poder público y comprometer la credibilidad de la Fiscalía como institución del Estado de derecho. Según la AF, la situación “no solo afecta al ámbito de la justicia, sino que proyecta sus efectos sobre el conjunto de la función pública, al comprometer los principios de imparcialidad, objetividad y sometimiento a la legalidad”.
Dexeus afirmó que “se rompe así un pilar esencial del Estado de derecho, al sustituir los principios de mérito y capacidad por criterios de afinidad”.
La demanda también plantea una posible vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por la intervención de un magistrado cuya imparcialidad se encontraba comprometida.