El Ministerio de Economía formalizó la Resolución 543/2026 que aprueba el modelo de contrato entre el Estado Nacional y AySA, un paso clave en el proceso de privatización de la compañía que presta servicios de agua potable y cloacas en el AMBA.
El Gobierno aprobó el nuevo Contrato de Concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una medida clave dentro del proceso de privatización de la compañía que presta el servicio de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, que aprueba el modelo de contrato entre el Estado Nacional y AySA para la prestación del servicio público de agua potable y recolección de desagües cloacales bajo el nuevo marco regulatorio.
El área de prestación alcanza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 26 partidos bonaerenses: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. También contempla la recepción de efluentes cloacales en bloque en Berazategui.
Según informó la empresa, el nuevo contrato busca ordenar y actualizar las condiciones bajo las cuales AySA presta el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde alcanza a más de 15 millones de personas. El esquema tendrá una duración de 30 años, con posibilidad de extenderse por 10 años adicionales, y apunta a transformar en regla permanente el sendero de sustentabilidad operativa que la compañía asegura haber iniciado desde 2024, cuando redujo su déficit y pasó a cubrir sus costos operativos con ingresos tarifarios, sin subsidios del Tesoro.
El punto central del nuevo modelo es que la concesionaria deberá elaborar un Plan de Acción cada cinco años, con metas de mantenimiento, mejora y expansión del servicio. La resolución oficial establece que AySA deberá cumplir el Plan de Acción de Transición 2024-2026 y trasladar al primer ciclo tarifario —que irá de enero de 2027 a diciembre de 2031— las obligaciones y metas cuya ejecución exceda ese plazo.
El nuevo contrato se apoya en tres ejes: cumplimiento de metas, equilibrio económico-financiero y compromiso de inversiones. En términos prácticos, esto implica que la empresa deberá sostener la prestación del servicio, ejecutar obras de mantenimiento y expansión, y hacerlo dentro de un régimen económico que permita cubrir costos operativos, inversiones y remuneración de la gestión.
El marco regulatorio vigente establece que el equilibrio económico-financiero se alcanza cuando precios, tarifas y subsidios aplicables cubren costos operativos razonables y eficientes, tributos, inversiones de mantenimiento y expansión, y una rentabilidad equivalente al costo de capital. También prevé que el ERAS realice revisiones tarifarias ordinarias y extraordinarias para preservar ese equilibrio. A diferencia de los esquemas anteriores, las revisiones ordinarias no serán anuales sino que se realizarán en períodos de hasta cinco años.
Además, el régimen contempla mecanismos de actualización automática en plazos no mayores a tres meses para reconocer el efecto de la inflación y mantener en términos reales las tarifas fijadas en cada revisión. En paralelo, el contrato incorpora mecanismos de control, auditoría y sanciones. El marco regulatorio asigna al ERAS el seguimiento de las inversiones, la evaluación del cumplimiento de metas y la aplicación de apercibimientos o multas ante incumplimientos. También prevé que las sanciones no eximan a la concesionaria de cumplir sus obligaciones.
La aprobación del contrato es una pieza central del proceso de privatización de AySA. La Ley Bases declaró a la empresa “sujeta a privatización” y encomendó al Poder Ejecutivo avanzar con ese proceso bajo principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, eficiencia, publicidad y difusión. Luego, el Decreto 494/2025 autorizó el procedimiento para la privatización de AySA e instruyó al Ministerio de Economía a concretar la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico, mediante licitación pública nacional e internacional. El remanente de las acciones estatales podrá ser colocado en bolsas y mercados del país.
En ese contexto, el Gobierno busca que el nuevo contrato brinde previsibilidad jurídica y económica a los futuros inversores. La resolución sostiene que el proceso no debe limitarse a una transferencia accionaria, sino que debe implicar una transformación del servicio, con derechos y obligaciones más claros entre el concedente y la concesionaria.
“La aprobación de este nuevo contrato representa un paso decisivo en la transformación de AySA y ordena el marco bajo el cual se desarrollará el proceso de privatización”, señaló Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, según el comunicado difundido por la compañía. El objetivo oficial es atraer operadores e inversores con capacidad técnica y financiera, garantizar la continuidad del servicio y mejorar la calidad del mismo.