La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone modificaciones sustanciales al sistema de pensiones no contributivas por invalidez, incluyendo un reempadronamiento obligatorio. Organizaciones del sector manifestaron su rechazo, argumentando que afecta la universalidad de las prestaciones.
El Poder Ejecutivo nacional ingresó al Senado un proyecto de ley que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793. La iniciativa, denominada «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. El beneficio se suspenderá de forma automática, pudiendo derivar en la baja, para quienes no completen el trámite en los plazos estipulados.
Según el texto oficial, el proyecto deroga varios artículos de la ley vigente que garantizaban la universalidad de las prestaciones, retrotrayendo el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia. Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas y desregula la negociación arancelaria con obras sociales o prepagas.
Uno de los puntos que ha generado debate es la «incompatibilidad absoluta» que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. De aprobarse, se eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, suprimiendo también referencias a programas de inclusión laboral.
Desde organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo 3 de Diciembre de Córdoba, se expresó un rechazo categórico a la iniciativa. Leandro Ator, presidente de la asociación, señaló que el nombre del proyecto «demoniza al colectivo» y argumentó que existen otros mecanismos de control. Ator sostuvo que la reforma es «restrictiva», quita derechos y pone en riesgo la universalidad del sistema garantizada por la Ley 24.901, que asegura el acceso a prestaciones con independencia de la capacidad económica.
El Gobierno fundamentó la propuesta en el crecimiento del número de beneficiarios de pensiones por invalidez, que según datos oficiales pasó de 76.000 en 2003 a más de 1.200.000 en 2023. Desde las organizaciones se cuestionó esta cifra y se advirtió sobre una posible manipulación de los números para instalar la idea de fraude en el sector, una práctica que, según señalaron, se ha visto en gestiones anteriores.
El proyecto se presenta en un contexto donde la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es investigada judicialmente por presuntas irregularidades, un hecho que ha sido mencionado por los críticos de la reforma.