Una agrupación de inquilinos analizó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió que establece un régimen de desalojos expeditivo. El debate parlamentario comenzó en el Senado.
Una de las principales organizaciones de inquilinos analizó y criticó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno. La agrupación advirtió que la iniciativa propone un esquema de «desalojos rápidos» sin precedentes en la región.
«El proyecto establece el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», aseguró Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, tras un análisis comparativo con legislaciones de países como Brasil, Uruguay, Perú, España, El Salvador y Paraguay. Según el informe de la organización, ningún país combina plazos tan cortos con un nivel tan bajo de garantías para el inquilino.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y presentada el 27 de marzo, comenzó a debatirse la semana pasada en un plenario de comisiones en el Senado, aunque el oficialismo aseguró que no habrá dictamen, al menos, hasta la próxima semana.
El proyecto fue impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El objetivo declarado es «eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica».
La iniciativa propone una reforma integral que abarca cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y ajustes en distintas leyes, entre ellas la de tierras rurales, la de manejo del fuego y el régimen de integración socio urbana de barrios populares.
Uno de los puntos centrales impacta en los desalojos, buscando que sean más rápidos y simplificando trámites. El texto establece que todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión o toma de inmuebles, pasen a tramitarse mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino. Para eso, la reforma modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación.
Para la agrupación que representa a los inquilinos, estos cambios configuran un giro que inclina la balanza de manera decisiva hacia los propietarios. Principalmente, porque no se contempla la posibilidad de frenar el desalojo pagando la deuda. «El Gobierno quiere que se vote una ley en donde si una familia se atrasa tres días en el pago del alquiler es desalojada de inmediato», sostuvo Muñoz.
El cuestionamiento no se limita al plano legal, sino que vincula el proyecto con el contexto económico y la dinámica actual del mercado de alquileres. Según su mirada, se configura un «combo letal» para los inquilinos: contratos más cortos, condiciones más flexibles para los propietarios y un deterioro del ingreso real. En paralelo, anticipó un escenario de ida y vuelta regulatorio: «Cuando esto genere consecuencias, otro gobierno va a tener que volver a impulsar una ley de alquileres».
Mientras el Gobierno apuesta a acelerar los desalojos como señal hacia los propietarios, los inquilinos advierten que el costo social puede ser inmediato.