La salida temporal a España de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, declaradas monumento artístico, despierta críticas y reclamos de transparencia sobre el acuerdo entre el gobierno mexicano y la Fundación Santander.
La gestión y el destino de la Colección Gelman, un acervo privado de arte mexicano del siglo XX que incluye obras de Frida Kahlo y Diego Rivera declaradas monumento artístico, se encuentran en el centro de un debate público en México. La polémica se intensificó tras conocerse un acuerdo entre el gobierno y la Fundación Santander para la gestión de la colección, que contempla su traslado temporal a España.
La colección, reunida por Jacques y Natasha Gelman entre 1940 y 1998, consta de unas 300 piezas de destacados artistas mexicanos como María Izquierdo, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Francisco Toledo, Lola Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, Tina Modotti y Graciela Iturbide.
Expertos en arte y defensores del patrimonio han expresado preocupación y han denunciado «contradicciones» y una «falta de transparencia» en las explicaciones oficiales. Señalan que, si bien la propiedad es privada, las obras con declaratoria de monumento artístico están sujetas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta normativa obliga a los poseedores a rendir cuentas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) sobre el estado y ubicación de las piezas, y requiere permisos para su salida del país.
Las alarmas se encendieron tras declaraciones de Daniel Vega Pérez, director del recinto El Faro Santander en España, quien habló de una «presencia permanente, pero dinámica» de la colección y mencionó que las licencias de exportación temporal podrían extenderse por tiempo indefinido, describiendo la legislación como «flexible».
Frente a esto, la Secretaría de Cultura mexicana ha insistido en que el papel del Banco Santander es «única y exclusivamente para apoyo en gestión». Sin embargo, la institución financiera ha referido que espera que la colección funcione como un «depósito a largo plazo renovable». Esta discrepancia en los términos ha generado interrogantes sobre la naturaleza exacta del acuerdo.
Intelectuales, periodistas y críticos han presentado un petitorio exigiendo transparencia en la difusión de los acuerdos. Reconocen el derecho a la propiedad privada, pero subrayan que el destino de las obras protegidas «atañe a todos». Alfonso Miranda, presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, destacó la necesidad de que el Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) supervise las condiciones de las piezas.
Tras el escándalo, el envío de las obras fue aplazado. Actualmente, parte de la colección se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México. El debate pone de relieve la tensión entre los derechos de propiedad privada y los mecanismos legales de protección del patrimonio cultural nacional.