Un fallo judicial trasladó la disputa legal sobre la Ley de Modernización Laboral del fuero del Trabajo al Contencioso Administrativo Federal, modificando el escenario procesal del conflicto entre el Gobierno y la CGT.
La jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, resolvió que su fuero es el competente para intervenir en la causa que busca invalidar la reforma laboral, quitándole el expediente a la Justicia Nacional del Trabajo. Con esta decisión, se aceptó la inhibitoria planteada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
El fallo se produjo luego de que el juez nacional del Trabajo, Raúl Horacio Ojeda, suspendiera de forma provisoria 82 artículos de la Ley 27.802. Para revertir esa situación, el Gobierno se apoyó en el artículo 79 de la propia Ley de Modernización Laboral, que establece la competencia exclusiva de la justicia Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires para causas donde el Estado sea parte, prohibiendo expresamente la intervención de la Justicia del Trabajo.
En su resolución, Marra Giméñez señaló que el juzgado de Ojeda es un tribunal federal, por lo que la inhibitoria resultó «procedente». La magistrada explicó que el Estado Nacional «cuenta con la prerrogativa del fuero federal establecida por el artículo 116 de la Constitución Nacional». De esta manera, el trámite judicial pasó de la órbita de jueces especializados en derecho laboral a un fuero que analiza la relación administrativa y los actos del Poder Ejecutivo.
La CGT, bajo la representación de Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, insistió en que la reforma es inconstitucional desde su sanción en marzo. La central sindical buscó frenar cambios estructurales que afectan las indemnizaciones y los derechos de huelga, logrando una medida cautelar que ahora queda bajo una fuerte incertidumbre procesal.
Para el Gobierno, este traslado de competencia es vital para defender una ley que cosechó amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. El conflicto ahora entró en una etapa de definiciones técnicas sobre la validez de lo actuado hasta el momento. Mientras el Gobierno celebró el movimiento como una forma de evitar lo que calificó de «corporativismo judicial», los sindicatos denunciaron que se intenta blindar una ley que, a su criterio, vulnera conquistas históricas.
Tal como se anticipó durante el debate legislativo, el destino final de la reforma laboral no se decidirá en estas instancias inferiores, sino que quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia. La CGT define su estrategia judicial y evalúa una marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador.
Con el cambio de fuero, los artículos que el Gobierno buscó reactivar incluyen el nuevo cálculo de indemnizaciones, que permite excluir el aguinaldo de la liquidación por despido. También se puso en juego la implementación del Fondo de Cese Laboral (FAL), el sistema que reemplazó la indemnización tradicional por un fondo mensual de capitalización. Estos puntos son centrales en el proyecto que impulsó el Gobierno.
Otro foco de tensión es la limitación del derecho de huelga mediante la extensión de los «servicios mínimos». La ley definió actividades de «importancia trascendental» que deben garantizar guardias operativas, lo que, en la práctica, restringe la capacidad de presión de los gremios en sectores clave. Además, el texto derogó la ley de teletrabajo y creó un «banco de horas» individual, medidas que las organizaciones sociales y sindicales calificaron como un retroceso. Finalmente, el nuevo marco legal extendió los períodos de prueba en los contratos, una medida que el Ejecutivo defendió como un incentivo para la contratación.
La CGT advirtió que estas modificaciones rompen el principio de protección del trabajador y que el traslado de la causa al fuero Contencioso busca diluir los derechos laborales. La batalla jurídica promete ser extensa y el clima de tensión podría escalar.