El gobernador Gavin Newsom presentó una acción legal contra la administración Trump por la cancelación de fondos federales, alegando que pone en riesgo cerca de 200 mil puestos de trabajo y proyectos de infraestructura sostenible.
El gobierno de California, encabezado por el gobernador Gavin Newsom, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la decisión de cancelar 1200 millones de dólares en fondos federales destinados a programas de energía e infraestructura. La acción judicial, presentada junto al fiscal general Rob Bonta y una coalición de fiscales generales, alega que los recortes violan la separación constitucional de poderes.
Según el documento, la medida pone en peligro aproximadamente 200 mil empleos e impacta en iniciativas que, según los demandantes, ahorrarían cerca de 3000 millones de dólares anuales en gastos de salud. Los fondos cancelados estaban asignados a dos programas específicos: Alliance for Renewable Clean Hydrogen Energy Systems (Arches), una alianza público-privada para impulsar la economía del hidrógeno verde, y Resilient and Efficient Codes Implementation (RECI), que financia la implementación de códigos de energía actualizados en construcciones.
La demanda, presentada el 18 de febrero de 2026 contra el Departamento de Energía (DOE) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), sostiene que la financiación había sido aprobada previamente por mayorías bipartidistas en el Congreso. En un comunicado, Newsom afirmó: «No permitiremos que Trump venda nuestro futuro a sus mayores donantes. No solo rompió un contrato: desafió al Congreso, puso en peligro más de 200 mil empleos bien remunerados y robó miles de millones de dólares en ahorros para la salud a las comunidades más afectadas por la contaminación».
Por su parte, el fiscal general Bonta denunció que «el presidente está seleccionando arbitrariamente estos fondos a expensas de los estadounidenses que trabajan arduamente y frenando la innovación y la economía en aras de la venganza partidista». Los demandantes buscan que la corte declare inconstitucional el memorando del DOE, anule la terminación de los proyectos y ordene la restauración de los fondos para que los programas puedan continuar.