Organizaciones de derechos civiles demandaron al estado por una iniciativa que cruza datos migratorios con el registro de votantes. El gobernador Greg Abbott defendió la medida y prometió luchar en los tribunales.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció a través de redes sociales que su administración enfrenta una demanda judicial impulsada por organizaciones de derechos electorales. Estas entidades buscan frenar una medida estatal que verifica la ciudadanía de las personas registradas en el padrón electoral. En un mensaje publicado en X, Abbott afirmó que los grupos «están demandando a Texas para detener la verificación de que solo ciudadanos estadounidenses estén en las listas de votantes». El mandatario sostuvo que solo las personas con ciudadanía «pueden votar en Texas» y calificó esta premisa como algo que «no es controvertido: es ley». Además, prometió defender la política y ganar el litigio.
Según informó The Texas Tribune, el Campaign Legal Center, una organización sin fines de lucro que supervisa procesos electorales, presentó la demanda en un tribunal federal de Austin contra la Secretaría de Estado de Texas y funcionarios electorales de varios condados. La acción judicial fue interpuesta en representación de múltiples organizaciones de derechos civiles.
El conflicto se originó luego de que las autoridades estatales utilizaran el Sistema de Verificación de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés), una base de datos federal que permite consultar el estatus migratorio, para cotejar la información de más de 18 millones de votantes registrados. A partir de ese cruce, el estado identificó a 2724 «posibles no ciudadanos» y ordenó a los condados que investigaran cada caso. La demanda busca impedir la posible eliminación de votantes del padrón basándose en los datos proporcionados por ese registro.
Los demandantes argumentan que muchos de los electores cuestionados ya habían acreditado su ciudadanía al obtener licencias de conducir o identificaciones estatales. Además, afirman que las autoridades no consultaron previamente los registros del Departamento de Seguridad Pública de Texas, que podrían confirmar la ciudadanía de numerosos votantes, antes de exigirles pruebas documentales.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Estado de Texas ni los funcionarios de los condados demandados han presentado una respuesta formal ante el tribunal. La oficina del Secretario de Estado declinó hacer comentarios al medio, aunque la postura oficial fue expresada públicamente por el gobernador Abbott. En paralelo, otro litigio federal que cuestiona el uso del sistema SAVE por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúa su trámite.