El mercado de las telecomunicaciones en Argentina atraviesa una tensión creciente entre la necesidad de inversión en infraestructura y la falta de ejecución de fondos públicos destinados a cerrar la brecha digital. En el centro de este conflicto aparece el Fondo de Servicio Universal (FSU), que acumula recursos millonarios mientras el despliegue de redes sigue siendo desigual en el país.
Aunque el Decreto 6/2025 disolvió el fideicomiso que administraba el fondo, la obligación de las operadoras de aportar el 1% de su facturación bruta continúa vigente. Este esquema sostiene un flujo constante de ingresos que para 2025 proyecta programas por más de $22.000 millones orientados a conectividad y barrios populares integrados en el RENABAP.
A estos recursos se suma una disputa por deudas pendientes que superan los $4.500 millones. La cifra incluye los $3.000 millones reclamados originalmente por la Auditoría General de la Nación (AGN) a Telecom y Telefónica, más intereses y montos no detectados en auditorías previas. El resultado es un escenario de alta tensión entre el Estado y los principales operadores del mercado.
Escala la tensión entre las PyMEs y el Enacom por los fondos del FSU
La crítica más directa proviene de las PyMEs del sector. Lucio Gamaleri, presidente de Red Intercable, advirtió durante el panel «Políticas públicas para competir en tiempos de concentración», moderado por el subsecretario de Simplificación, Héctor Huici, que los fondos del FSU «no están disponibles para su uso efectivo» y reclamó un esquema que priorice su ejecución.
En ese marco, Gamaleri propuso avanzar hacia modelos de complementariedad entre operadores. Según explicó, el contexto actual exige mayor coordinación para sostener la competencia y garantizar el acceso a servicios en todo el territorio.
Desde la visión de las PyMEs y cooperativas, la falta de ejecución del FSU impacta de forma directa en la territorialidad del servicio. Estas empresas cumplen un rol clave en zonas donde los grandes operadores no invierten, pero dependen en gran medida de políticas públicas activas para sostener sus despliegues.
El planteo no se limita a una cuestión financiera. También pone en juego la supervivencia de un ecosistema diverso frente a la concentración del mercado, la presión de los grandes programadores y el avance de la piratería de señales. Esta postura suma respaldo de referentes del sector como Federico Fornelli (ATVC) y Ariel Graizer (CABASE).
Desde el ENACOM, en cambio, el enfoque apunta a modificar el esquema histórico de asignación de fondos. El organismo busca dejar atrás los Aportes No Reembolsables (ANR) y avanzar hacia un sistema basado en préstamos con repago y evaluación crediticia.
Un ejemplo reciente de esta estrategia fue la adquisición de obligaciones negociables por $10.000 millones destinadas a financiar PyMEs TIC con proyectos viables. El objetivo oficial consiste en mejorar la eficiencia del uso de los recursos y elevar los niveles de ejecución.
Sin embargo, este cambio genera resistencia en el interior del país. Muchas empresas advierten que los requisitos de calificación crediticia limitan el acceso a financiamiento en regiones donde la inversión privada resulta escasa. En esos casos, el FSU funciona como una herramienta central para sostener la expansión de redes.
La brecha sigue siendo evidente. Mientras los centros urbanos avanzan hacia velocidades de gigas por segundo, amplias zonas del interior dependen de que estos fondos se traduzcan en infraestructura concreta.
Claro y Telecom hacen su juego
El contraste con la inversión privada profundiza el conflicto. Empresas como Telecom y Claro avanzan con planes de modernización de redes y despliegue de fibra óptica en áreas estratégicas.
Telecom, por ejemplo, proyecta cubrir 2.600 manzanas con tecnología FTTH mediante una inversión de u$s8 millones, además de sumar 60.000 hogares en Salta. En paralelo, ejecutivos del sector como Hernán Colombo (Personal) impulsan modelos de negocio mayorista que contemplan el uso compartido de infraestructura.
A pesar de estos avances, la disputa con el Estado se mantiene abierta. Tanto Telecom como Telefónica sostienen que han cumplido con sus obligaciones regulatorias incluso por encima de lo exigido, lo que mantiene en discusión los más de $4.500 millones reclamados por la AGN.
El Gobierno intenta resolver este conflicto a través de nuevos planes de pago y esquemas de regularización, aunque sin una definición concreta hasta el momento.
El volumen de fondos en juego resulta significativo. En 2025, el ENACOM amplió partidas por $6.000 millones para conectividad general, $16.000 millones para barrios populares y $74 millones para redes comunitarias. Si se suman estos montos a los recursos provenientes de regularización de deudas y activos inmovilizados, el total alcanza los $26.574 millones.
En este contexto, el desafío para la gestión de Héctor Huici consiste en equilibrar dos objetivos que hoy aparecen en tensión: mejorar la eficiencia y transparencia en la asignación de recursos, y responder al reclamo de las PyMEs que exigen la activación inmediata del FSU.