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lunes, 16 noviembre, 2026

El Gobierno modificó el RIGI y eliminó la exigencia de capital nacional mayoritario para proveedores locales

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A través del Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo introdujo cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La norma suprime el requisito de que las empresas proveedoras domiciliadas en Argentina cuenten con al menos el 51% de capital nacional para ser consideradas locales. También flexibiliza transferencias de acciones, fusiones y acceso al mercado de cambios.

El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. El texto introduce cambios en la definición de proveedor local, en las transferencias de acciones, en las fusiones empresariales, en los compromisos de inversión y en el acceso al mercado de cambios.

Proveedores locales: eliminación del requisito de capital nacional mayoritario

La modificación del artículo 3 del Decreto 749/2024 suprime la exigencia de que las empresas proveedoras domiciliadas en Argentina contaran con al menos el 51% de su capital social o de los votos necesarios para formar la voluntad societaria. A partir de ahora, las personas jurídicas deberán estar constituidas y domiciliadas en el país, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas. La medida alcanza a las empresas que prestan servicios; aquellas que suministran bienes deberán cumplir con los criterios de origen nacional establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo señaló que la decisión busca favorecer la incorporación de empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro de los proyectos RIGI, promover una mayor concurrencia de proveedores y fortalecer los encadenamientos productivos locales, sin que la composición del capital social constituya, por sí sola, un impedimento para participar.

La consultora Paspartú, dirigida por el especialista en energía Juan José Carbajales, advirtió en un análisis que reconocer como locales a compañías extranjeras domiciliadas en Argentina podría perjudicar al entramado productivo nacional. El documento también planteó que el Gobierno parece reconocer la necesidad de intervenir para agilizar la participación de proveedores mediante cambios regulatorios y rondas de negocios impulsadas por el Ministerio de Economía.

Transferencia de acciones y fusiones de proyectos RIGI

Otro de los cambios centrales corresponde a las operaciones de adquisición, fusión y transferencia de participaciones societarias de los Vehículos de Proyecto Único (VPU). El decreto establece que cualquier tercero podrá adquirir acciones de un VPU sin que esa operación modifique automáticamente los derechos y beneficios del proyecto. Sin embargo, el dinero destinado a comprar esas participaciones no podrá contabilizarse como inversión en activos computables para cumplir los montos mínimos exigidos.

La normativa también fija límites para evitar que un VPU incorpore proyectos ajenos a la inversión originalmente aprobada. Las adquisiciones o fusiones que involucren dos o más proyectos RIGI necesitarán autorización de la autoridad de aplicación y quedarán sujetas a los derechos y obligaciones correspondientes al proyecto con la fecha de adhesión más antigua. El organismo podrá imponer condiciones adicionales para aprobar la operación.

En el caso de las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos, las transferencias de participaciones deberán informarse dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción en el Registro Público. La autoridad de aplicación tendrá 30 días corridos para formular observaciones; si no lo hace, la operación se considerará conformada. Paspartú advirtió que esta flexibilización incorpora una instancia de revisión administrativa que no existía al momento de la adhesión de los 27 VPU que, según su análisis, ya habían sido aprobados.

Requisitos de inversión y acceso al mercado de cambios

El decreto introduce modificaciones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), al distinguir entre el monto mínimo de inversión exigido para el proyecto completo y los compromisos correspondientes a cada una de sus etapas. La reglamentación establece una fecha límite para alcanzar la inversión mínima total, que deberá guardar relación con las prácticas habituales del sector, sin alterar las obligaciones previstas para las distintas fases de ejecución.

Por otra parte, las Sucursales Dedicadas podrán reorganizarse como sociedades anónimas o sociedades anónimas unipersonales, mediante la transferencia de los activos, pasivos, derechos y obligaciones vinculados al proyecto. Estas operaciones requerirán autorización previa, pero no implicarán una nueva adhesión al RIGI ni modificarán los plazos, beneficios o compromisos de inversión originalmente aprobados.

Además, el Gobierno amplió las posibilidades de computar divisas ingresadas desde el exterior para determinadas condiciones de acceso al mercado de cambios. La nueva reglamentación permite considerar aportes de capital y financiamiento externo realizados por accionistas, socios y otras empresas vinculadas a los VPU, siempre que los fondos se destinen efectivamente al proyecto y exista documentación contable que garantice su trazabilidad. El Banco Central podrá establecer las condiciones correspondientes, con las excepciones previstas para determinados pagos de intereses y dividendos.

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