La Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley de Discapacidad impulsado por La Libertad Avanza, con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El texto, que ahora pasa al Senado, contó con el respaldo de casi todo el peronismo de Unión por la Patria y de Provincias Unidas, aunque ocho diputados cordobeses y la mendocina Lourdes Arrieta votaron en contra.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley de Discapacidad impulsado por La Libertad Avanza (LLA), con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones de la Izquierda. El texto superó los dos tercios con el respaldo de casi todo el peronismo de Unión por la Patria y de Provincias Unidas. Ahora debe ser tratado por el Senado.
De los nueve rechazos, ocho fueron de diputados cordobeses y uno de la mendocina Lourdes Arrieta, ex libertaria.
La negativa llegó mayoritariamente de los diputados de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora: Juan Fernando Brügge, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres. Se desmarcaron del resto del espacio, que conduce la santafesina Gisela Scaglia.
En tanto, la diputada nacional de Defendamos Córdoba Natalia de la Sota ratificó que no acompañará con el voto el proyecto sobre Discapacidad negociado entre el oficialismo y Argentina Federal y al que se sumó Unión por la Patria tras la aplicación de una serie de cambios al texto. «Como no hay garantía de que el presupuesto sea modificado y lo que ha habido estos años es maltrato y ajuste pido que el proyecto vuelva a comisiones y le permita a organizaciones con discapacidad ser parte de esta discusión», reclamó la legisladora opositora.
De la Sota explicó que las organizaciones de y para personas con Discapacidad de Córdoba le pidieron avanzar con la prórroga de la ley de emergencia. Lo mismo hizo la peronista Gabriela Estévez, la única de Unión por la Patria que rechazó el texto, a pedido de organizaciones de discapacidad de Córdoba, según alegaron algunos de sus pares.
Según se informó, votaron en sintonía con el reclamo de las organizaciones de su provincia, que se quejaron de que no fueron convocadas al debate y desconfían de que el Gobierno incumpla. El resto del colectivo de discapacidad había expresado ese miércoles por la tarde su aval a la propuesta oficialista.
Qué se votó
El oficialismo propuso un proyecto “superador” que elimina el concepto de emergencia, pero mantiene los puntos centrales de esa ley. Conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual por IPC de las prestaciones y la pensión no contributiva, que se puede cobrar junto a un trabajo registrado.
El tema había llegado al recinto por una iniciativa opositora, encabezada por Juan Marino, que prorrogaba un año la emergencia en discapacidad, que vence en diciembre. La oposición había emplazado a las comisiones para obligar a tratarla.
El texto final se modificó durante la sesión. Se incorporaron las partidas para financiarlo: la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo en $598.912 millones para 2027.
Los requisitos para acceder a una pensión, que hasta ahora fijaba el Poder Ejecutivo, quedaron establecidos en la ley. Incluyen contar con el CUD, someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles.
El proyecto garantiza la continuidad del programa médico para quienes cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral o discapacidad, el actual Incluir Salud. Mantiene la vigencia de la Ley 26.816, de empleo protegido, y habilita fondos del Tesoro si las partidas del Ministerio de Salud resultan insuficientes.
También establece que los recursos por beneficiario no pierdan valor frente a la inflación y garantiza la actualización mensual del nomenclador, que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027.
Plazos para pagar la deuda
Para regularizar los pagos a prestadores, el Ejecutivo deberá notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley. La cancelación total tendrá un máximo de 90 días corridos. Las compensaciones pendientes rondan los $278.323 millones, un reclamo expreso de Pro.
El cambio contrasta con el Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, que impedía cobrar una pensión a quienes tuvieran un trabajo registrado. Además eliminaba el sistema de aranceles universales para las prestaciones, lo que habría permitido a obras sociales y prepagas fijar libremente los valores de las terapias.
Las negociaciones
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, que capitaneó la discusión en comisiones, mantuvo reuniones durante toda la tarde con legisladores de las bancadas federales y de Unión por la Patria para definir los últimos retoques. Las conversaciones fueron coordinadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Junto a Giselle Castelnuovo, Rodríguez Machado dialogó con representantes del peronismo, entre ellas Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva. Plantearon que parte del bloque respaldaría la iniciativa si se tomaban en cuenta una serie de cambios.
Al inicio del debate, el diputado Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque Argentina Federal, enumeró los cambios que pedían las organizaciones. El presidente de la comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, respondió: “Vamos a aceptar todas las modificaciones”. El recinto estalló en aplausos.
Marino confirmó que Unión por la Patria acompañaría: “Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia”. Hasta el martes, el sector todavía se inclinaba por la prórroga.
Desde la bancada peronista reconocieron que acompañar la iniciativa también garantizaba mayor respaldo para revertir un eventual veto del Ejecutivo. Rechazar un texto que recoge buena parte de los reclamos los dejaba, según el análisis que se hizo, en una contradicción discursiva.
En el oficialismo aseguran que el texto final cuenta con el visto bueno de la Casa Rosada. Antes de la sesión, una reunión de la mesa política había dejado al descubierto dudas internas, principalmente por el costo fiscal.
Según se informó, autoridades del Episcopado se reunieron con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación. La Comisión de Pastoral Social también fijó posición sobre el debate.
Un diputado opositor que participó de las negociaciones atribuyó el giro a una tensión interna: “Hay una tensión entre Luis Caputo y Martín Menem, pero si Menem se paró en esta vereda es porque Karina está de acuerdo”. Opositores especulan además con que la visita del Papa León XIV fue lo que obligó a ceder.
En el recinto, Rodríguez Machado sostuvo que “la sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal”.
Lo que viene
El texto pasa al Senado. Marino advirtió al Ejecutivo que “para que se supere la emergencia, Milei tiene que cumplir la ley”.