El Gobierno analiza las opciones disponibles para modificar el artículo 3 del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el Senado aprobó con un mecanismo de remoción de autoridades por mayoría absoluta de esa cámara. La Cámara de Diputados, como revisora, solo puede aprobar la versión del Senado o insistir con la original, que requiere dos tercios de los votos.
El Gobierno explora las alternativas para revertir un cambio introducido por el Senado en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ante la imposibilidad de que en la nueva revisión de Diputados se alcance la mayoría necesaria para recuperar la versión original de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.
La versión comenzó a circular esta semana en el Congreso, antes de la fallida sesión de la oposición para modificar el DNU 70 y cuando aún se desconocía el cronograma tentativo para avanzar con la modificación del Central, que regresó a Diputados tras las modificaciones acordadas en el Senado.
Según fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es iniciar el tratamiento en comisión del proyecto del Banco Central después de obtener dictamen de la ley de Defensa de Soberanía o ley Malvinas, que La Libertad Avanza pretende dictaminar el martes para llevarlo al recinto un día después.
El eje de discusión son las diferencias internas generadas por el cambio acordado en el Senado sobre el proceso para remover al presidente y a los directores de la entidad.
La versión original enviada por el Poder Ejecutivo exigía los dos tercios de ambas cámaras para remover a las autoridades del Central. La normativa vigente permite que el Ejecutivo decrete la remoción del funcionario, aunque previamente debe expresarse una comisión del Congreso integrada por los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Economía de ambas cámaras, que habitualmente son controladas por el oficialismo.
Durante el debate en el Senado, Patricia Bullrich acordó reducir la exigencia de los dos tercios de ambas cámaras para remover a las autoridades del Central establecida en el artículo 3, con el fin de obtener el apoyo de los aliados. En su lugar se resolvió que se decida con la mayoría absoluta del Senado. Para asegurar el cambio también se sumaron los votos del peronismo, que rechazó la iniciativa en la votación en general.
La Cámara alta, en la sesión de septiembre, aprobó la modificación con una votación en particular del artículo 3 que arrojó 66 votos a favor y 2 en contra. De esa manera, el Senado se aseguró la potestad de elegir y remover a las autoridades del Banco Central.
Además, bloqueó el posible intento del oficialismo de insistir con la versión original de la reforma aprobada por Diputados, ya que para eso necesitaría la misma mayoría de dos tercios, número que appears difícil de conseguir dado que en agosto cosechó 144 votos a favor y 102 en contra.
Fuentes del oficialismo aseguraron que el Gobierno mantiene la intención de que ambas cámaras puedan intervenir en la remoción de las autoridades del Central. Para captar el respaldo de las fuerzas aliadas e incluso de la oposición se reduciría la imposición de los dos tercios y se exigiría la mayoría absoluta de Diputados y del Senado para expulsar a los funcionarios que controlan la entidad.
La Cámara baja no tiene posibilidad de rubricar una nueva modificación porque, al ser revisora, solo podrá aprobar la versión del Senado o insistir con la original. En este punto puede intervenir el Ejecutivo.
El presidente Milei tiene tres opciones a partir de la sanción de la ley: promulgar el texto tal como salió del Congreso, rechazarlo o un veto parcial eliminando el artículo que establece el mecanismo de remoción. Si se decide por este camino, el Gobierno podrá enviar un nuevo proyecto de ley o establecer la modificación a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
En este último caso, el Presidente también necesitará el respaldo del Parlamento, que deberá validar el decreto presidencial con la aprobación de una de las dos cámaras. En síntesis, el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central continuaría más allá de lo que se decida en el Congreso.