El gobierno de Javier Milei no ha presentado la política y estrategia de seguridad nacional. Tres secretarios de Asuntos Estratégicos y cuatro jefes de Gabinete pasaron por sus cargos sin cumplir esa función. El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional crea un nuevo consejo y modifica definiciones legales, según un análisis especializado.
El gobierno de Javier Milei no ha publicado la política y estrategia de seguridad nacional desde el inicio de su mandato. Así lo sostiene un análisis del ingeniero y magíster en Defensa Nacional, que detalla que la Secretaría de Asuntos Estratégicos, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene entre sus funciones coordinar las áreas de seguridad, defensa e inteligencia y elaborar documentos conceptuales en la materia. Sin embargo, tres secretarios pasaron por ese cargo sin producir ni publicar dicha estrategia.
Según el decreto reglamentario de la Ley de Ministerios firmado por Milei al asumir, la Secretaría de Asuntos Estratégicos debe «desarrollar y evaluar estrategias de seguridad nacional y documentos conceptuales». La página web institucional de esa dependencia afirma que asiste al jefe de Gabinete en temas de seguridad, defensa e internacionales. El análisis señala que ninguno de los tres secretarios cumplió con esa responsabilidad.
El texto también indica que cuatro jefes de Gabinete de Ministros pasaron por el cargo sin presentar la política y estrategia de seguridad nacional. La Constitución Nacional, en su artículo 100, establece que el jefe de Gabinete tiene a su cargo la administración general del país y ejerce las funciones que le delegue el Presidente. El decreto reglamentario le asigna la coordinación de las actividades de los ministerios y la programación estratégica.
En julio de 2024, Milei renombró el órgano de inteligencia como Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y creó dentro de ella la Agencia de Seguridad Nacional. Según el análisis, esa agencia se ocupa de delitos federales complejos y amenazas contra el orden constitucional, funciones que no corresponden a la seguridad nacional. Además, el Ministerio de Seguridad fue denominado Ministerio de Seguridad Nacional, aunque sus funciones son de seguridad interior, similares a las del Department of Homeland Security de Estados Unidos.
El análisis compara la situación con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump publicó su Estrategia de Seguridad Nacional el 4 de diciembre de 2025, poco más de diez meses después de asumir su segundo mandato. La Ley Goldwater-Nichols de 1986 establece que los presidentes estadounidenses deben presentar ante el Congreso su estrategia de seguridad nacional dentro del primer año de gobierno.
El autor enumera una serie de preguntas que, según afirma, una política de seguridad nacional debe responder: prioridades entre la frontera norte y el Atlántico Sur, tipo de equipamiento militar, despliegue de fuerzas, alianzas regionales y compras de armamento, entre otras. Sostiene que sin esas definiciones no puede haber una gobernanza eficaz del sector.
El texto también menciona el proyecto de ley «Defensa de la Soberanía Nacional» enviado por Milei al Congreso. Según el análisis, la iniciativa crea un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, establece procedimientos para intervenir frente a aeronaves irregulares y buques, modifica la definición de seguridad nacional y de defensa nacional, y crea un régimen de protección de infraestructura crítica. El autor afirma que la norma tiene 83 páginas y aborda temas como Malvinas, seguridad nacional, defensa, política exterior, inteligencia, economía, ciberseguridad, control del espacio aéreo y marítimo, influencia extranjera y terrorismo.
El análisis sostiene que el proyecto se suma a una trilogía de leyes vigentes (defensa nacional, seguridad interior e inteligencia) que, según el autor, contiene errores como la creación de consejos que rara vez se reúnen. Afirma que Milei nunca convocó al Consejo de Defensa Nacional ni al Consejo de Seguridad Interior. También critica la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional de 2006, que permite a las fuerzas armadas comprar medios sin un respaldo técnico y político claro.
El autor menciona la Ley Posse Comitatus de 1878 en Estados Unidos, que prohíbe el uso de militares para aplicar leyes civiles, y la Ley de Insurrección de 1807, que permite desplegar tropas en casos de rebelión o invasión. Señala que Argentina debería aprender de esa experiencia para no repetir errores del pasado.
El texto concluye que el gobierno de Milei perdió una oportunidad para cambiar la gobernanza de la seguridad nacional y califica al proyecto de ley como «un combo de extravagancia, improvisación e ignorancia». El autor es ingeniero y magíster en Defensa Nacional.