Mediante el Decreto 1150/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo formalizó la salida de Claudia Testa y el pase de Mariano Sartoris desde la Subsecretaría Legal a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El Gobierno nacional aceptó la renuncia de la abogada Claudia Silvana Testa al cargo de Subsecretaria de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y designó en su lugar al abogado Mariano Mauro Sartoris, según consta en el Decreto N° 1150/2026 publicado en la madrugada de este miércoles 7 de octubre en el Boletín Oficial.
El texto oficial establece que se acepta «a partir del 5 de octubre de 2026, la renuncia presentada por la abogada Claudia Silvana TESTA al cargo de Subsecretaria de Relaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO».
La misma norma también acepta, con fecha 5 de octubre de 2026, «la renuncia presentada por el abogado Mariano Mauro SARTORIS al cargo de Subsecretario Legal de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO».
Asimismo, el decreto dispone que, «a partir del 6 de octubre de 2026, en el cargo de Subsecretario de Relaciones del Trabajo de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO al abogado Mariano Mauro SARTORIS».
De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas (NA), el 2 de septiembre de 2026 el presidente Javier Milei rechazó nueve recursos administrativos presentados por trabajadores del Ministerio de Capital Humano afectados por pases a disponibilidad. Esas decisiones se formalizaron mediante los decretos 849, 850, 851 y 854 a 859/2026, publicados en el Boletín Oficial.
Los planteos cuestionaban decisiones adoptadas como resultado de la supresión o reestructuración de áreas y programas de la cartera nacional. El Poder Ejecutivo no aceptó los argumentos de los empleados y ratificó las decisiones administrativas implementadas durante el proceso de reorganización estatal. Los decretos agotaron la vía administrativa y dejaron habilitada la posibilidad de que los agentes acudan a la Justicia dentro de los plazos legales correspondientes.