Fernando Barros Tocornal reconoció el reclamo argentino de soberanía, pero pidió respetar «la voluntad» de los isleños y relativizó los compromisos de Chile ante el Mercosur.
El ministro de Defensa Nacional de Chile, Fernando Barros Tocornal, se refirió a la situación de las Islas Malvinas en una entrevista otorgada a Radio Polar de Magallanes. Allí afirmó: «Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo [refiriéndose al Reino Unido], ¿no es cierto?, hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas. Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica».
La posición argentina sostiene diplomáticamente que el punto de partida es no reconocer el derecho a la autodeterminación de los isleños. El ministro chileno, en cambio, mencionó la necesidad de respetar «la voluntad de los isleños» y no calificó la presencia del Reino Unido como ocupación colonialista.
Barros Tocornal también se pronunció sobre la operación comercial proyectada entre Punta Arenas y el archipiélago. El 3 de septiembre pasado, cuando el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional que se reforzarían las sanciones a las empresas que operen comercialmente en las islas, la empresa naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno de las islas para sostener una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Al respecto, el funcionario chileno aseveró que la comunidad magallánica tiene «el derecho de ejercer el comercio» y que «no ve ningún inconveniente en el desarrollo de esas actividades».
En relación con los compromisos asumidos por Chile en el Mercosur, el ministro declaró: «Hay un tema puntual que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los compromisos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur y Unasur».
El ministro de José Antonio Kast, aliado de Milei, manifestó que se podría reconsiderar el compromiso de Chile ante el Mercosur sobre las restricciones, lo que podría tener un impacto en los intereses de los isleños en las exploraciones de hidrocarburos en el área en litigio, Sea Lion.
En la Declaración del Mercosur de 2011, los Estados asociados, incluido Chile, se comprometieron formalmente a impedir el ingreso a sus puertos de buques de bandera isleña y a no brindar soporte al saqueo de los recursos naturales en disputa. Las palabras de Barros relativizaron el peso de los tratados sudamericanos al calificarlos como «no obligatorios legalmente» y de carácter «parcial», lo que dejaría sin efecto práctico el compromiso que el presidente Kast firmó el 3 de septiembre de 2026 en una declaración conjunta con Milei en el Palacio de La Moneda.
Ese acuerdo reafirmó la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes en el marco de los tratados de 1881 y 1984, e incluyó un respaldo explícito de Chile a los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de compromisos para evitar actividades logísticas ilegales de pesca e hidrocarburos en la zona.
En paralelo, esta semana se conoció que la Falkland Islands Development Corporation, agencia de desarrollo económico del archipiélago, anunció la designación de Josh Smith como su nuevo director general. Smith, que fue miembro de la Asamblea legislativa de las islas, tiene una relación cercana a las empresas del sur de Chile.
En Chile existen opiniones divididas respecto a la posición del país frente a las Malvinas, especialmente luego de las declaraciones de Milei en septiembre pasado durante el Foro Madrid en Santiago de Chile. Allí, el presidente argentino elogió las políticas económicas del dictador Augusto Pinochet y reivindicó el período posterior al golpe de Estado de 1973, lo que generó rechazo por parte de la oposición política, que manifestó su enojo repudiando que un mandatario extranjero glorifique una dictadura que violó los derechos humanos.