Dos magistradas cuestionaron la constitucionalidad de la norma que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. Una de ellas fue apartada por la Cámara de Apelaciones y la otra enfrenta pedidos de juicio político.
En febrero pasado, el Congreso Nacional aprobó la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, con vigencia a 180 días de su publicación, ocurrida en marzo pasado. La norma dispone que los menores juzgados por cometer delitos pueden ser condenados a una pena máxima de 15 años de prisión.
A 48 horas de su entrada en vigencia, la jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió su aplicación por 60 días en la provincia de Buenos Aires, sin declarar su inconstitucionalidad. Mirta Guarino, magistrada del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, dictaminó que el fallo carecía de efecto en otras jurisdicciones.
Días después, la jueza Laura De Marinis, del Juzgado Nº 3 en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, sobreseyó a un menor detenido en flagrancia por un intento de robo y resolvió que la nueva ley era inconstitucional para ese caso concreto.
Pascual se expidió en contra de medidas de encierro para menores para evitar hacinamientos, ante un pedido de habeas corpus colectivo presentado por una organización en favor de los adolescentes privados de su libertad en territorio bonaerense.
Con la firma de los jueces Miguel Navascues y Miguel María Alberdi, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó el fallo de Pascual tras la apelación del fiscal Hernán Ceruti, que lo calificó de extralimitación. «Está vedado a los jueces analizar el acierto o la inconveniencia de las leyes, habida cuenta de que la política criminal es una de aquellas materias insertas en la esfera de reserva del poder legislativo», afirmaron. La resolución aclaró que, ante una eventual situación que agravara las condiciones de encierro, será potestad del juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido decidir qué medidas tomar.
De Marinis ya había sido noticia en 2023 cuando dejó sin efecto la prisión domiciliaria impuesta luego de una condena de cuatro años y seis meses de prisión para el agresor de un playero de estacionamiento, argumentando que bastaba la tobillera para garantizar su geolocalización. Su reciente fallo planteó que la nueva normativa penal resulta regresiva y que vulnera tratados internacionales, destacando la obligación del Estado de ampliar las garantías de las infancias. «Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos», expresó. Privilegió medidas restaurativas y reservó el encierro como último recurso.
El Ministerio Público Fiscal apeló este fallo; el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anticiparon que pedirán el juicio político de la magistrada.
Además de cuestionamientos públicos, incluida una denuncia de la asociación civil Usina de Justicia, la jueza Pascual recibió al menos tres pedidos de juicio político presentados en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, se registraron más de 65 mil robos en el primer semestre, según datos oficiales. La ley buscó dar respuesta a los reclamos de una sociedad jaqueada por estadísticas que cuestionan la ausencia de una política de seguridad, según el gobierno de Axel Kicillof. En la Ciudad, Jorge Macri sostiene haber asumido un manejo distinto que condujo a una reducción del delito y promete enfrentar a quien pretenda obstaculizar este objetivo. Hoy recibe cuestionamientos por los acuerdos establecidos con el peronismo para la designación de jueces como De Marinis.