Según datos de la Cámara Argentina Fintech, 5,9 millones de personas registraban atrasos superiores a 90 días en julio de 2026. La mora temprana cayó 33% desde noviembre de 2025, aunque el stock de deuda irregular sigue en 16,7% del total.
La morosidad de las familias argentinas se mantiene en niveles elevados, aunque los nuevos incumplimientos muestran una moderación. De acuerdo con el último relevamiento de la Cámara Argentina Fintech (CAF), a julio de 2026, 20,9 millones de personas tenían algún crédito formal en el país y 5,9 millones registraban atrasos superiores a 90 días.
El informe se basa en datos del CENDEU del Banco Central procesados por Analytica. Del total de personas con atrasos mayores a 90 días, 2,5 millones correspondían a bancos, 2,6 millones a fintech y otro tanto a otros proveedores no financieros. La CAF aclara que una misma persona puede estar endeudada con más de un tipo de entidad, por lo que esas cifras no deben sumarse.
El Banco Central informó que en junio la irregularidad de las financiaciones a las familias alcanzó el 12,8%, frente a apenas 3,5% entre las empresas. A nivel de todo el crédito privado, la mora se ubicó en 7,6%, con una baja mensual de 0,1 punto porcentual.
Evolución de la mora
El volumen acumulado de deuda problemática continúa siendo elevado. En julio, el 16,7% del saldo total de crédito se encontraba en situación irregular, según la presentación de la CAF. Buena parte corresponde a deudas antiguas que permanecen registradas dentro de la denominada «situación 5».
No obstante, los atrasos de entre 30 y 90 días bajaron desde los máximos registrados a fines de 2025. Para el conjunto del sistema financiero, la mora temprana pasó de 6,6% en noviembre de 2025 a 4,4% en julio de este año, una caída del 33%. En bancos descendió de 6,3% a 4,3%, mientras que en financieras y emisoras bajó de 8,2% en diciembre a 5,3%.
El informe advierte que el ratio tradicional puede ofrecer una imagen incompleta: cuando el crédito crece rápidamente, el aumento del denominador puede hacer bajar el porcentaje de mora incluso aunque el stock de deudas impagas continúe elevado. También influye la forma en que cada entidad mantiene, vende o da de baja los créditos de más larga antigüedad.
Refinanciaciones y tasas
Frente al crecimiento de los atrasos, bancos y fintech están poniendo mayor énfasis en detectar temprano las dificultades de pago y refinanciar antes de que el cliente llegue a una situación de mora profunda. Según un relevamiento publicado en septiembre, los planes para regularizar mora temprana o saldos de tarjetas presentan tasas nominales cercanas al 29% y hasta alrededor del 41%, dependiendo de la entidad y las condiciones del cliente.
Banco Nación, por ejemplo, redujo recientemente del 35% al 29% TNA la tasa para determinados planes de refinanciación de tarjetas con atrasos, mientras extendió los plazos de pago hasta cinco años. La tasa promedio de los préstamos personales informada por el Banco Central se encontraba el 14 de septiembre en 63,89% nominal anual.
No existe por ahora una estadística pública consolidada que permita afirmar cuánto aumentó el volumen de refinanciaciones de hogares en todo el sistema. Lo que sí puede observarse es una mayor oferta de programas específicos y una reducción de tasas en algunas líneas destinadas a clientes que comenzaron a atrasarse.
Crédito y comparación regional
El crédito bancario al sector privado representa alrededor de 13,1% del PBI, muy por debajo del 26,6% de México, 47,8% del promedio latinoamericano y cerca del 75% de Brasil y Chile, de acuerdo con datos del Banco Mundial recopilados por el ITBA.
Entre diciembre de 2019 y julio de 2026, el número de individuos con acceso al crédito creció casi 30%. Las fintech explicaron buena parte de esa expansión: actualmente 10,6 millones de personas tienen algún financiamiento fintech y cuatro millones sólo acceden al crédito mediante ese canal.
En febrero, la tasa nominal promedio relevada en préstamos personales era de 70% entre entidades financieras, 140% en fintech y 179% en otros proveedores, según datos del BCRA incluidos en el trabajo.
Chile, Colombia y Perú ofrecen ejemplos sobre cómo se administran los límites al costo del financiamiento. En Colombia, la Superintendencia Financiera certificó para septiembre una tasa de interés bancario corriente de 19,49% efectivo anual para consumo y crédito ordinario, mientras que la tasa máxima de usura para ese segmento quedó en 29,24% anual. Chile aplica tasas máximas diferenciadas por monto y plazo y, desde junio de este año, modificó la fórmula del pago mínimo de tarjetas. Perú tiene desde 2021 un régimen de tasas máximas para créditos de consumo, pequeños préstamos y financiamiento a microempresas.
La experiencia regional muestra que reducir por regulación el costo máximo del crédito puede tener efectos secundarios sobre quién consigue financiamiento. En Chile, la reducción del tope de tasas aplicada desde 2013 produjo una caída estimada de 9% en las tasas de los préstamos aprobados, pero la cantidad de créditos cayó 19%, con un impacto mayor sobre los clientes de mayor riesgo. En Colombia, cuando en 2007 se flexibilizó el límite para microcréditos, la cantidad de nuevos préstamos aumentó entre 41,8% y 57,7%. En Perú, luego de establecerse topes en 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP detectó que 216.166 personas que previamente tenían créditos de consumo o MYPE dejaron de aparecer en el sistema hacia diciembre de 2023, con una incidencia mayor entre los sectores de menores ingresos.
En la Argentina, un relevamiento de la Cámara Fintech contabilizó 60 proyectos presentados en el Congreso vinculados al crédito, muchos de los cuales proponen límites sobre las tasas compensatorias, intereses punitorios o el costo financiero total.
El escenario actual puede resumirse como una mejora incipiente: hay menos nuevos préstamos entrando en mora que durante los picos de 2025, pero todavía hay casi seis millones de personas con atrasos superiores a tres meses. La refinanciación pasó a ocupar un lugar central, con extensión de plazos y reducción de tasas en algunas líneas, aunque persiste el debate sobre cómo evitar que el remedio reduzca el acceso al crédito formal.